Ilegalidades darían revés a Puerto Seco: Jaime Salomón


p25-n1Si el decreto de venta y expropiación a ejidatarios de El Salto de terrenos para la construcción de la obra Puerto Seco, fue ilegal, el gobierno del estado tendrá que aceptar la nulidad del proceso, sostuvo Jaime Salomón Leal, enlace de gobernación en la región Tula-Tepeji.


Esto, luego de conocer de voz del presidente del núcleo ejidal Sergio Cabrera Torres anomalías en el trámite, entre las que destaca la compra de derechos parcelarios a personas que no demostraron su constancia de posesión, ni acreditación de ejidatarios.
Algunas compras de terrenos fueron hechas a apoderados legales y no al propio labriego, “siendo que la ley agraria estipula que estos procesos no se pueden llevar a cabo si no está el titular de los predios”.
Salomón Leal reconoció que fue error de procedimientos de quienes llevaron la gestión del movimiento, y que gobierno del estado no debió pagar a “ejidatarios”, hasta que estos no demostraran que las propiedades les pertenecían.
El funcionario estatal dijo que como gobierno no pueden seguir haciendo las cosas mal, por lo que han de reconocer gradualmente su error, y que muy probablemente sea en cuatro meses que el Congreso local tenga el resolutivo definitivo a la controversia de Puerto Seco.
El presidente del comisariado ejidal externó su deseo de que  sus superiores reconozcan la equivocación, como lo hizo el gobierno del estado, sobre todo el Congreso que es el que tiene la última palabra.
Refirieron la controversia limítrofe que mantienen con Atotonilco de Tula, por la posesión de la terminal logística, los labriegos mostraron recibos de pago al ayuntamiento tepejano que datan de 1910, en los que constatan que los impuestos se ingresaban a la tesorería de Tepeji y no a la de Atotonilco.
También mostraron un plano de 1917, cuando el ejido era ranchería. Se estipula claramente que la comunidad y el ejido de El Salto pertenecen a Tepeji del Río.
Cabrera Torres reconoció que tal documentación no ha sido llevada al Congreso del estado, por lo que Jaime Salomón se comprometió a hacerla llegar, y que tales pruebas pudieran ayudar a dirimir la controversia política y de pago de impuestos existente.

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