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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda penal en contra de la ex secretaría general del ayuntamiento capitalino, Mirna Hernández Morales, por haberle negado la versión estenográfica de la sesión de Cabildo en la que se aprobó la renuncia del ex alcalde capitalino, para ceder su lugar a Edna Geraldina García Gordillo.
De acuerdo con el funcionario municipal, las pruebas sobre la negativa de Hernández Morales a la petición de la Suprema Corte de entregar la versión estenográfica, fueron recibidas de tal forma que la querella es procedente, por lo cual se espera que la ex funcionaria municipal sea citada a declarar al respecto.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio cuenta de que hay la comisión de un posible delito y lo va a pasar al Ministerio Público de la Federación, el cual dará seguimiento", indicó Galland Guerrero.
El delito, dijo, es por ocultar información al ministro Juan N. Silva Meza, quien solicitó el pasado 4 de junio la versión estenográfica de la sesión del Cabildo del 31 de marzo pasado, como parte del proceso de controversia constitucional contra la ahora alcaldesa Edna Geraldina García Gordillo.
Ante dicha solicitud del ministro de la SCJN, Mirna Hernández respondió: "Por lo que hace a la versión estenográfica de la sesión del 31 de marzo del año en curso, me permito hacer de su conocimiento que no se cuenta con ella, en razón de que el reglamento interior que rige al ayuntamiento no impone la obligación de realizarla, por lo cual se carece de la misma".
En cambio, sólo entregó copias certificadas del acta original de dicha sesión y de la sexta sesión extraordinaria.
Ante este hecho -la negativa de entrega de información-, la SCJN decidió diferir la audiencia de alegatos sobre la controversia constitucional que ayer se llevaría a cabo, hasta resolver primero el caso de la ex secretaria general del ayuntamiento y ahora integrante del equipo de transición del gobernador electo.
A la cita para los alegatos en la SCJN acudió el síndico procurador Galland Guerrero con su equipo de abogados y representantes del Congreso estatal, quienes entregaron las pruebas sobre dicho asunto legal.
Será el próximo jueves cuando la Suprema Corte notifique a las partes involucradas la nueva fecha para la audiencia, explicó Guillermo Galland.
Contratan despachos de abogados
Pese a contar con una coordinación jurídica, el gobierno del estado y el Congreso local contrataron a dos despachos de abogados de la ciudad de México para atender el asunto de la controversia constitucional hecha por el síndico procurador Guillermo Galland Guerrero, por la designación de Geraldina García Gordillo como alcaldesa.
La administración estatal se hizo de los servicios legales de Alicia Azzolini Bincaz, quien fue acusada de trata de menores y también de torturar a la activista de derechos humanos Vanessa Barroso cuando estaba al frente de la Fiscalía Especial para Menores en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Además, integró el grupo de abogados que llevaron el caso de Mario Marín contra la periodista Lydia Cacho.
Por su parte, la 60 Legislatura estatal contrató al bufete del constitucionalista Elisur Arteaga Nava, quien, a decir de los abogados Augusto Hernández Abogado y Juan Carlos Hernández Chaires que respaldan la controversia contra la actual alcaldesa, "es una eminencia y autoridad en el asunto legal y penal".
Al conocer a quienes defenderán la legalidad en la designación de Edna Geraldina García Gordillo, como alcaldesa, los juristas que llevan la controversia interpuesta por Guillermo Galland se preguntaron: "Si desde al principio tenían confianza de ganar, ¿por qué buscan a estas personas, unas con más trayectoria que otras?"
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