Como parte de la iniciativa 3de3, 19 alcaldes hidalguenses accedieron a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Esta fue la respuesta a una solicitud de información que hizo este diario a la Auditoría Superior de Hidalgo. De este resultado, podemos deducir que a la mayoría no le gusta que el grueso de la población se entere de cuáles son sus declaraciones de interés, patrimonial y de impuestos. Recordemos que el espíritu de la iniciativa que empujaron asociaciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana es que los servidores públicos que administren recursos tengan la obligación de hacer públicas las tres declaraciones antes referidas para que el ciudadano sepa que a quién eligió no tiene conflicto de interés alguno. Es decir, que tiene un perfil deseable para estar al frente de una responsabilidad pública que requiere de rectitud y margen de maniobra. Pero también es pertinente recordar que, al pasar al terreno legal, la iniciativa quedó implícita en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que permite a los funcionarios hacer públicas sus declaraciones de acuerdo con “la voluntad del sujeto obligado”. El límite de la publicidad de los datos implica que éstos no podrán hacerse públicos cuando afecten la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Es decir, basta que un servidor público argumente que publicar ciertos datos afecta su vida privada para no hacerlo. En ese entendido, en Hidalgo la mayoría de los alcaldes (65) prefirieron no hacer públicas sus declaraciones. De los 19 que sí aceptaron, encontramos algunos datos que llaman la atención. Por ejemplo, que el alcalde de Tianguistengo Febronio Rodríguez Villegas gana 50 mil pesos mensuales por su cargo público, pero obtiene 2 millones en ese mismo periodo por criar 70 becerros de la raza charolais. No obstante, lo que vale es que estos 19 alcaldes decidieron hacer públicas sus declaraciones sin que la ley los obligue a hacerlo. Eso es de reconocer. De filón. El diputado priista Canek Vázquez coincidió con que las fotomultas son ilegales. Pero, ¿por qué hasta que hubo una resolución judicial al respecto? Recordemos que al menos dos gobiernos municipales priistas avalaron antes esa medida en el pasado.

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