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A pesar del llamado de múltiples actores sociales, académicos, juristas, asociaciones, defensores de derechos civiles, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los legisladores para no apresurarse, el 30 de noviembre, en una sesión bochornosa, una minoría de diputados federales aprobaron la Ley de Seguridad Interior, cuyo objetivo central es dotar al presidente de la República de súper facultades para que las Fuerzas Armadas sigan en las calles del país haciendo labores policiacas, en clara violación al mandato constitucional –como marcan los artículos 21 y 73 de la Carta Magna–, que faculta solo a las fuerzas policiacas civiles como las responsables de esta vital competencia.
Ante el fracaso para contener la inseguridad y la violencia en la que está sumido nuestro México desde el gobierno de Vicente Fox y con la declaratoria de guerra al crimen organizado por parte de Felipe Calderón, se involucró al Ejército y la Marina desplazando a las debilitadas policías estatales y municipales; esta política ha dejado más de 100 mil muertos y miles de desaparecidos. Esta equivocada decisión, que tanto criticó el PRI cuando era “oposición”, ha continuado en el gobierno de Peña Nieto con peores resultados que con los panistas, prueba de ello es que octubre pasado fue reconocido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como el más violento con 2 mil 835 muertes registradas.
El secretario de la Defensa Nacional desde hace cuatro años reconoció que las Fuerzas Armadas no están preparadas ni capacitadas para las labores policiacas y, por otro lado, ha exigido que se les dé un marco legal de actuación que les dé manga ancha para hacerlo, esto es absolutamente contradictorio ya que son dos cosas distintas, pues la formación militar a sus soldados es una y sus competencias están bien definidas constitucionalmente, estas son exclusivas para defender la soberanía nacional, auxiliar en casos de desastres naturales, el resguardo de los litorales y la defensa del país de cualquier amenaza externa; modificar el marco legal no los capacita automáticamente para labores civiles de seguridad, por lo que es una falsa justificación.
El Ejército mexicano y la Marina nacional son dos instituciones reconocidas y respetadas por la población, en un contexto donde la mayoría de los políticos y gobernantes son reprobados por ser responsables de la grave situación del país, sobre todo por la corrupción e impunidad que hoy prevalece, por el entreguismo a los intereses económicos nacionales e internacionales que solo lucran y saquean nuestros recursos naturales y el patrimonio de la nación, generando que una minoría sea cada vez más rica y una mayoría cada vez más pobre; nuestras Fuerzas Armadas no deben seguir siendo expuestas al desgaste, ni ser usadas en contra de la población, como ha sucedido en diversas etapas de la historia, siempre bajo el mando del poder político del PRIAN.
El cuadro exhibe el comportamiento de los legisladores y vemos como la suma de los que votaron en contra, los que estando presentes se abstuvieron y los que se salieron del pleno sumaban 250, bien pudieron haber cambiado la historia, si su convicción y compromiso con la sociedad los hubiera unificado; sin embargo, vimos como los priistas y sus partidos aliados votaron a favor de esta infamia, obedientes al gobierno federal, a sus institutos políticos y a sus gobernadores, que los pone como traidores a la patria, entre ellos los ocho reputados hidalguenses –que a nadie consultaron–, como también resulta raro el comportamiento de los panistas, pues de sus 109 parlamentarios, solo 17 votaron en contra y ¡14 a favor!, como también de sus 53 del PRD solo votaron 39 en contra y ¡dos a favor!
Este resultado permitió que esa minoría le imponga al país de más de 123 millones de habitantes, una ley rechazada y no consensuada con la sociedad, ya que vemos el gran peligro que significa militarizar al país, darle facultades meta constitucionales a Enrique Peña Nieto en víspera de las elecciones de 2018, presagiando esto que preparan un nuevo y gigantesco fraude electoral, que en un escenario de protestas y movilizaciones ciudadanas pacíficas de los inconformes queda abierto a que el Ejército sea enviado a reprimirlos.
El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se suma a estos reclamos solicitando al gobierno de México y a la Cámara de Senadores que paren esta ilegalidad y no aprueben esa ley lesiva, pues es contraria a la paz social y precipitada por no tener aval de la sociedad, además de ambigua, pues es solo una visión militarizada del combate a la delincuencia, no contempla la rendición de cuentas en su actuación, faculta a la milicia a actuar cuando quieren aun sin contar con la decisión presidencial, no contempla cómo devolver el Ejército a sus cuarteles, como tampoco precisa cómo se determinará si las protestas sociales son pacíficas o no, que representa un alto riesgo someter a la autoridad civil a la militar sin control, recalcando que esta es una ley atípica en países que se dicen democráticos. ¡Debemos todos informarnos y detener esta barbarie!

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