Las observaciones que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen atrás de sí nombres: se trata de funcionarios que omiten entregar impuestos, ejercen recursos con un propósito distinto al que fueron presupuestados, hacen pagos improcedentes e incluso emiten recetas médicas sin supervisar adecuadamente. Una solicitud de información promovida por este diario nos llevó a conocer cuántos servidores públicos fueron sancionados por las observaciones hechas al gobierno de Hidalgo de parte de la ASF. Y resulta que en un lapso de cinco años 38 funcionarios se hicieron acreedores a amonestaciones públicas y privadas. No obstante, estas “sanciones” consisten en llamar la atención del funcionario por la falta cometida, lo que parece ser un poderoso incentivo a que sigan ocurriendo estas irregularidades. No es esto una suposición, pues algunos de los servidores públicos que fueron amonestados siguen en su cargo y ya han reincidido en dichas prácticas. En esta investigación consignamos, por ejemplo, el caso de Antonio Lechuga Traspeña, director de primer nivel de atención en los servicios de salud, quien tiene dos “amonestaciones privadas”. La primera de la cuenta pública 2009 por irregularidades en medicamento caduco y la segunda en 2013 por falta de supervisión en la expedición de recetas. ¿Qué ha sucedido después de estas prácticas? Nada, el funcionario sigue trabajando para el gobierno en la misma área. Los gobiernos, las instituciones públicas, deben pensar cómo evitar estas prácticas. Una amonestación pública o privada se antoja insuficiente. De filón. El regidor de Nueva Alianza Rafael Muñoz Hernández salió bueno para contradecir, pero no para predicar con el ejemplo. El asambleísta es uno de los más ausentes en las sesiones celebradas en la Casa Rule; lo curioso es que al mismo tiempo se pronunció contra la posibilidad de que la alcaldía de Pachuca firmara convenios sin la aprobación del cabildo.

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