El 21 de marzo de 2016, un globo aerostático desplomó en la comunidad de Yolo, Acatlán, municipio de Hidalgo; en el viajaban 13 personas, de las cuales tres perdieron la vida, Silvia Lilian Ángeles Granados y Evelyn Melo Hernández, dos jóvenes de apenas 21 años, así como el piloto que no contaba con la certificación requerida para volar una aeronave de este tipo.

En tanto, el resto de los tripulantes resultaron lesionados con heridas, golpes y quemaduras  que van del 30 a 80 por ciento de la superficie corporal.

Hoy,  un año de la tragedia las familias de los afectados no han recibido justicia. Pasaron ya 365 días sin que se haya detenido o sancionado a los responsables.

Ante el hecho, padres, familiares, amigos de las víctimas, así como sobrevivientes del fatal accidente marcharon sobre la céntrica Avenida Revolución, hasta Plaza Juárez; ahí soltaron globos al airea para recordar a sus seres queridos, pero sobre todo para insistir en que se castigue a los culpables.

En entrevista para Libre por Convicción Independiente de Hidalgo,  Ernesto Ángeles Carrillo, padre de Silvia Lilian Ángeles Granados, quien a los 21 años perdió la vida en la tragedia, declaró que a la fecha no existe ningún resultado en la carpeta de investigación; tres veces en un año, dijo, la autoridad ha cambiado al agente del ministerio público encargado del caso.

“Esta es una protesta pacífica, porque a un año de la tragedia no  tenemos ningún resultado en la carpeta de investigación, no hay ningún responsable detenido, ninguna persona que este señalada como responsable, de parte de las autoridades encargadas de impartir justicia”, expuso.

Aseguró que para las víctimas directas del incidente son varias las autoridades de los tres niveles de gobierno, involucradas; es el caso de la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Turismo del estado y la dirección de Protección Civil del municipio que no vigiló a las empresas que realizaban esta labor.

Incluso, abundó, la empresa Aeronautas de México que proporcionó el servicio no está legalmente constituida, carecía de registro ante el IMSS y el SAT. Su piloto, tampoco contaba con las certificaciones correspondientes.

Tampoco se castigó a la operadora turística Opera Turismo en donde los tripulantes contrataron el vuelo.

Asimismo hizo hincapié en que durante 20 años empresas de este sector se dedicaron a prestar el servicio de vuelo en la clandestinidad, sin cumplir con ninguna reglamentación oficial.

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