Ayer, 2 de octubre, se cumplió el 50 aniversario de la masacre de estudiantes y civiles que el gobierno del priista Gustavo Díaz Ordaz ordenó para detener el movimiento estudiantil surgido en la capital del país en julio del mismo año. Esa feroz represión policiaca fue la respuesta a la exigencia de libertades civiles y democráticas, así como el rechazo al autoritarismo e impunidad que prevalecía en ese gobierno dictatorial por parte de los jóvenes estudiantes de la época, a lo que se sumaron miles de ciudadanos, extendiéndose a otras entidades del país; la respuesta atroz del gobierno fue aplastarlo militarmente, en lugar de establecer un diálogo como el que pedían los estudiantes para obtener respuestas al pliego petitorio que el Consejo Nacional de Huelga –conformado por representantes de todas las escuelas de la UNAM, del IPN, de Chapingo, así como de otras universidades públicas y privadas– enarbolaba.

Esa barbarie, ordenada por el presidente de la República 10 días antes del inicio de los juegos de la 19 Olimpiada, fue el parteaguas que marcó el comienzo del hartazgo de la ciudadanía –encabezada por la juventud de finales de la década de 1960– hacia el modelo de gobierno priista que hasta hoy nos rige con el gobierno que está a punto de fenecer de Enrique Peña Nieto, porque durante su sexenio ha ejercido un gobierno autoritario, corrupto y frívolo que sacrifica también a su juventud, como los seis jóvenes muertos y los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa del fatídico 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que con la “verdad histórica” del inepto exprocurador Jesús Murillo Karam pretenden eludir su responsabilidad, complicidad y tolerancia hacia el crimen organizado, para que, como sucedió en 1968, no aclaren nunca estos crímenes de lesa humanidad.

En estos 50 años, la constante de estos gobiernos ha sido detener todo avance democrático, siempre sacrificando a los jóvenes que son, junto a nuestros niños, lo más valioso de la sociedad, como también sucedió en el gobierno de Luis Echeverría, quien el 10 de junio de 1971 mandó emboscar, golpear y asesinar a decenas de estudiantes y docentes en avenida San Cosme para acallar sus protestas, utilizando al grupo paramilitar Los Halcones, entrenados por el gobierno del entonces Distrito Federal.

Hay que recordar también las recientes luchas de la UNAM, el Movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) que estalla la huelga en 1987, y en este sexenio, la huelga del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en septiembre de 2014; en ambos casos siempre por reformas retrógradas y en contra del modelo educativo en ambas instituciones. Y la lucha más reciente en la UNAM, donde en una manifestación pacífica llegaron grupos de porros a reventar dicha manifestación, lo que puso en peligro la vida de dos muchachos de la máxima casa de estudios, esas prácticas son las que deben de acabarse, pues habrá que revisar quiénes financian a estos vándalos especialistas en “disuadir” o “inhibir” manifestaciones pacíficas de estudiantes.

En este injusto modelo económico y mal sistema político existe también una parte de los jóvenes de este país, los que no tienen oportunidad de estudio ni de trabajo, la otra cara de una realidad que nos lacera y lastima, los que coopta el crimen organizado para operar sus actos ilícitos como extorsionadores, “halcones”, sicarios, “mulas” o huachicoleros, pues reciben fuertes sumas de dinero fácil –que el trabajo honesto no les da–, o son usados como golpeadores, como los que instigaron y saquearon las tiendas departamentales y comercios para desviar, desprestigiar y detener las manifestaciones en contra del gasolinazo en enero del año pasado, todo urdido desde las más altas esferas del gobierno federal.

Quienes han gobernado y gobiernan hasta la fecha, poco o nada les ha importado proteger a las mujeres jóvenes y adultas, que por igual son acosadas, violadas, maltratadas, prostituidas, discriminadas, desaparecidas y asesinadas; cuyas leyes e instituciones no las defienden, sino al contrario, en muchos casos, las criminalizan o las señalan como provocadoras o responsables de que sufran ataques y vejaciones, o en muchos estados hoy se regatean leyes a su favor y en otros casos son solo letra muerta. Demostrando así que son una clase política machista, clasista, insensible e inservible.

Gran valor han tenido las acciones de cientos de jóvenes: en los trabajos solidarios de los sismos del año pasado; son quienes impidieron, a través de manifestaciones o peticiones en plataformas virtuales, la imposición del #FiscalCarnal; los que exigen les quiten los recursos públicos a los partidos políticos, son los que también demandaron transparencia en el reparto de los apoyos nacionales e internacionales, así como en las manifestaciones a favor de acciones o leyes que velen por el bien común, y más recientemente con su participación en las elecciones del primero de julio, donde salieron a expresarse de forma contundente por un cambio de régimen por la dignificación de la vida pública de nuestro país.

Es con los jóvenes con quienes comenzaremos la cristalización de esas demandas que enarbolamos desde hace medio siglo, son los jóvenes de este tiempo con quienes trabajaremos de la mano gobierno y sociedad para honrar el legado de lucha de todos los caídos el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y todos quienes entregaron su vida en la lucha por un mejor país durante estas cinco décadas; es con ellos con quienes seguiremos exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la búsqueda de nuestros desaparecidas y desaparecidos en estos años de terror que los gobiernos insensibles –desde el de Felipe Calderón– han condenado a una búsqueda incansable y desoladora a familias enteras. Es con esta juventud con la que iniciaremos la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vivan los jóvenes de México!

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