En 1911, al ser obligado a dejar el poder presidencial que había ejercido por 30 años, el general Porfirio Díaz sentenció: “Madero ha soltado al tigre, ahora veremos si puede con él”. En realidad, el tigre de la guerra civil que asoló entonces a México no lo soltó Francisco I Madero, sino el propio Díaz. Tres años antes el dictador dijo que ya no se reelegiría, que la oposición era bienvenida y México estaba listo para la democracia. Sin embargo, en 1910, Díaz intentó una reelección más –la séptima–, pero ya fue imposible e intolerable.

En su reunión con la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó a ese tigre, teniendo en mente las tramposas y fraudulentas elecciones de 2006, 2012 y las locales del año pasado. Por eso advirtió: “Si se atreven hacer un fraude electoral, yo me voy, también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte al tigre que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral”.
En el planteamiento anterior estaba implícito algo que los adversarios del tabasqueño no le han querido reconocer: que tras el “haiga sido como haiga sido” del ascenso de Felipe Calderón a la presidencia en 2006, el tabasqueño logró dirigir hacia la toma pacífica y temporal del Paseo de la Reforma la frustración de quienes no aceptaron la legitimidad del supuesto triunfo del Partido Acción Nacional (PAN). Evitando con ello un posible enfrentamiento civil.

El tigre amenazó entonces con salir, pero fue el propio AMLO quien a tiempo le cerró la puerta. Si esta vez el tigre reapareciera, quien lo habrá soltado será el mismo que ya lo hizo en 1910, 1952, 1968, 1988, 2006 o en 2012: el gobierno. Y esta vez el gobierno tendrá que hacerse responsable de las consecuencias. Recordar hoy lo dicho por Díaz hace 107 años es advertir al gobierno, a su partido y a los organizadores de la elección en puerta, que deben evaluar las posibles consecuencias negativas de repetir a nivel nacional lo que acaban de hacer en el Estado de México.
Platicando por vía electrónica con mi colega y mentor Lorenzo Meyer acerca del por qué pensar en un posible fraude el primero de julio, llegamos a la conclusión, justamente, del porque el que acaba de ocurrir en el Estado de México tuvo éxito, y porque los recursos para una operación similar ya están disponibles.

El doctor Lorenzo Meyer fundamenta el posible fraude con los siguientes argumentos: en la revista Proceso (11/03/18), Carlos Acosta entrevistó al doctor Juan Moreno Pérez –un especialista en programación financiera–, en relación a la naturaleza y el objetivo de un mecanismo financiero desarrollado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata del famoso, y no por buenas razones, Ramo 23 del presupuesto federal.
Dentro de ese ramo, hay un Fondo de Fortalecimiento Financiero o FFF, de reciente creación, y que ha servido a la SHCP para encauzar a su discreción, pues en la práctica no da cuenta de ello a nadie, miles de millones de pesos a zonas tan oscuras como las empresas fantasma que recientemente descubrió el gobierno de Chihuahua y sirvieron para canalizar millones de pesos.

De acuerdo con el doctor Moreno, la SHCP de Luis Videgaray introdujo el FFF en el dictamen del Presupuesto de Egresos de 2016 y lo dotó con mil 481 millones de pesos, pero al final las erogaciones por tal concepto fueron de ¡62 mil 258 millones de pesos! Al año siguiente el milagro volvió a repetirse: un monto original de 3 mil 243 millones de pesos en el FFF terminó por convertirse en una erogación por 55 mil 482 millones de pesos. Y esa vez el responsable del prodigio ya no fue Videgaray, sino su sucesor y actual candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lo único que los ciudadanos podemos saber a ciencia cierta es que el mayor monto de esos fondos fue asignado al Estado de México –15 mil 725 millones de pesos entre 2016 y 2017–.

Y uno de esos colaboradores es Eduardo Huchim, que ejemplifica con las elecciones mexiquenses la verdad de su rotunda afirmación: “El principal problema de la democracia en el mundo es el dinero, en especial el financiamiento a los partidos y a las campañas (p 193)”.

Huchim examina cuatro vías por las cuales se introdujeron enormes sumas de dinero público a la campaña de 2017 en el Estado de México y lograron que un tercer miembro de la familia Del Mazo sea hoy gobernador de los mexiquenses: 1) la avalancha de recursos humanos y materiales vía programas sociales, 2) los subsidios federales legales, pero inequitativos (en seis años sumaron 357 mil millones de pesos), 3) las transferencias ilegales del gobierno federal al estatal (un pago del gobierno central al local de 50 millones de pesos terminó en 3 mil 600 millones de pesos) y 4) los fondos municipales desviados a la campaña. Y, desde luego, hay que contar los recursos privados, al estilo de Odebrecht (pp 193-215).
Como Meade anunció que piensa seguir el ejemplo del PRI mexiquense para triunfar, entonces, ¿quién realmente plantea soltar al tigre?

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