Luego que el pasado jueves 23 de mayo activistas y familiares denunciaran negligencia de las autoridades estatales en la búsqueda de desaparecidos, así como un proceso opaco de selección del titular de la comisión en la materia, el gobernador Omar Fayad salió al paso y reconoció que su administración está obligada a cumplir. En primer lugar, el mandatario aceptó que es su deber crear la comisión de búsqueda y dijo que, si bien, no tiene presupuesto asignado este año, el gobierno buscará financiarla ya sea con ahorros o con alguna reorientación de recursos. Por otra parte, Fayad también respondió a la demanda respecto a que aún no existe un padrón de personas desaparecidas en la entidad, pese a que la fiscalía especializada se creó desde octubre del año pasado, es decir, hace más de medio año. Al respecto, el mandatario expresó que pedirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), encabezada por Raúl Arroyo, que haga públicas la cifra de desaparecidos, pues no tiene por qué estar oculta. El mandatario también adelantó que pedirá al procurador que promueva la creación de una plataforma en línea donde los familiares puedan darle seguimiento al proceso de investigación de sus seres queridos desaparecidos, algo que debería ser de elemental justicia pero que hasta ahora no se ha llevado a cabo. Ojalá que la sensibilidad que mostró el gobernador ayer durante entrevista con medios de comunicación despierte la del procurador Arroyo y la de su equipo, quienes evitan informar no solo a los medios de comunicación, sino a los propios familiares de personas desaparecidas. Y no se trata de información que pueda entorpecer las investigaciones, sino de simples datos como el estatus de una investigación o cuál es la cifra actualizada de desaparecidos en la entidad. A ver si al gobernador le hacen caso. De filón. Quien ya sabe en carne propia lo que es ser objeto de linchamiento público y amenazas por su apoyo a la iniciativa para ampliar las causales para la interrupción legal del embarazo es el diputado local morenista Víctor Guerrero Trejo, quien ayer acudió a la PGJEH para interponer una denuncia. El estado debe garantizar que el representante popular pueda hacer su trabajo en un clima de seguridad, pues sería un pésimo precedente que su labor legislativa sea entorpecida por el fanatismo de un puñado de grupos que actúan en la oscuridad y el anonimato.

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