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Iniciativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena

Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió el juicio contra las reformas a la estructura del gobierno federal impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), incluida la creación de los “superdelegados” en los estados.

Ayer, el ministro Luis María Aguilar admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición que buscan anular las reformas de noviembre a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que seguirán vigentes mientras analizan el caso.

Las reformas incluyen la creación de las comisiones presidenciales, la concentración de compras del gobierno en la Secretaría de Hacienda y las designaciones centralizadas de directores jurídicos y titulares de unidades de administración y finanzas de las dependencias, entre otras.

Aguilar dio 15 días hábiles al Congreso y al Ejecutivo federal para contestar las demandas.

En el tema de los “superdelegados”, la SCJN no tiene precedentes aplicables, pues lo que ha revisado son reclamos de municipios cuando los gobernadores crean “autoridades intermedias” entre ambas instancias, que la Constitución prohíbe.

Una acción impugna la reforma al artículo 21 de la LOAPF para crear las comisiones presidenciales, como la decretada en diciembre para indagar el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Esas comisiones podrían ser uno de los puntos más vulnerables en la Corte, porque se dieron amplias facultades al Ejecutivo para asignarles prácticamente cualquier misión, lo que según la oposición invade atribuciones constitucionales de otras autoridades.

También hay una demanda contra la adición al artículo 33 de la LOAPF que faculta a la Secretaría de Energía para “coordinar” la determinación de tarifas eléctricas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que invadiría las atribuciones de ese órgano descentralizado.

Aguilar no tiene plazo para presentar sus proyectos de sentencia al pleno de la Corte, donde se requiere el voto de ocho de los 11 ministros para cualquier invalidez.

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