Luego de que el gobernador Omar Fayad culpó, entre otros, a este diario de generar psicosis y de azuzar a universitarios y a la población en general para marchar y protestar frente a la ola de violencia, desapariciones y feminicidios en la entidad, la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh) llamó al jefe del Ejecutivo estatal a ponerse a trabajar y cumplir sus obligaciones en vez de salirse por la tangente y descalificar las protestas con argumentos simplistas. Mediante un comunicado, emitido a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, que es conmemorado a nivel mundial cada 10 de diciembre, la asociación civil se pronunció porque el gobierno estatal deje de descalificar y criminalizar la protesta social, pues tal no es el camino para responder a una demanda básica, como lo es exigir seguridad pública suficiente. Es un llamado a la cordura, para un gobierno que parece cercado por el autoelogio. Quizá el mandatario está rodeado de funcionarios o representantes de la sociedad civil que, en su afán de quedar bien, se la pasan endulzándole los oídos con loas a su gestión. Por eso, por querer quedar bien, minimizan y reducen las protestas que vivimos en Pachuca el 10 y 14 de noviembre a estratagemas o argucias políticas con fines electorales. El ardid, además de ser un despropósito, ofende al sentido común y además desprecia la capacidad de movilización social, tratando a la sociedad hidalguense como discapacitada mental. El pronunciamiento de la Acaderh llega en un momento oportuno y debe invitar a las autoridades a reflexionar. Ojalá que el gobernador deje de escuchar el canto de las sirenas y recapacite respecto a cuál es su función primordial. Recuerde que quien deja de escuchar a quienes se supone debe servir, va aislándose hasta que un día se da cuenta que vive en un monólogo en el que solo escucha la voz de sus incondicionales. Y ahí, en ese momento, se dará cuenta que ya no tiene el respaldo de la sociedad. De filón. Hablando de derechos humanos, vamos a ver si el procurador Raúl Arroyo acepta o rechaza la recomendación R-0005-19 que emitió ayer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en la que le dice a la Procuraduría General de Justicia estatal que vulneró el derecho a preservar la vida humana y el derecho a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública. Lo anterior, luego de que una persona murió a manos de un agente durante un operativo para cumplir una orden de aprehensión.

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