Acepta exlíder del PT culpabilidad vs expareja

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ASPECTOS DE ARTURO APARICIO BARRIOS EN EL PARTIDO DEL TRABAJO

Las sanciones para el exdirigente petista podrían ser trabajo comunitario, reparación del daño y otras medidas sin cárcel

Pachuca.- A casi un año de ser denunciado por lesiones y violencia familiar por su expareja, el exdirigente del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo AAB podría acceder a un procedimiento abreviado para poner fin a dicho asunto.

Así lo dio a conocer la también petista Flor Hernández Ibarra, quien explicó que actualmente el proceso penal en contra de quien fuera su pareja se encuentra en la etapa intermedia, aunque podría no llegar a juicio y en su lugar concluir con una sentencia anticipada.

Lo anterior, abundó, toda vez que el ahora imputado ingresó fuera de tiempo una serie de pruebas que lo dejarían en desventaja ante el procedimiento penal, por lo que la jueza a cargo del caso analiza las opciones y una de ellas sería el procedimiento abreviado, donde solo quedaría por definir cuál sería la sanción.

En ese sentido, Hernández Ibarra comentó que según sus abogados, la pena podría consistir en trabajo comunitario, reparación del daño y otras medidas que no necesariamente ameriten prisión; sin embargo, destacó que el tema también incidirá de manera política en la vida del exlíder petista, pues recordó que dicho asunto lo mantiene suspendido de sus derechos políticos electorales.

De igual forma, mencionó que junto a sus asesores jurídicos revisan la posibilidad de ampliar el plazo de las medidas cautelares que la jueza impuso por un año, con la finalidad de que el inculpado continúe sin acercarse a ella y evitar posibles agresiones.

Finalmente, dijo que aunque no está satisfecha con la posibilidad de concluir el caso por dicha vía legal, tiene claro que existe un sistema que dictamina el castigo, por lo que respetará el proceso que marque la ley.

De acuerdo con la reforma constitucional de 2008, el procedimiento abreviado quedó ubicado en el artículo 20, apartado A, fracción siete, que dispone que: “Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley”.

En ese entendido, “si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia y la ley establecerá los beneficios que podrán otorgarse al inculpado cuando acepte su responsabilidad”.

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