La última calificación que dieron los hidalguenses a su gobernador en marzo del presente año, de acuerdo con la evaluación de Arias Consultores, fue nuevamente reprobatoria, solamente 27.7 por ciento aprueba su gestión, colocándose entre los 10 peores gobernadores del país.

Y, si consideramos los niveles de vida, empleo, seguridad, violencia, educación, salud, incremento en la pobreza, etcétera, la calificación no podía ser mayor; además, si sumamos la actitud indolente y hasta negligente por parte de la mayoría de sus secretarios y la insensibilidad y soberbia del propio gobernador, que a pesar de sus intentos discursivos para tratar de convencer a la gente que la realidad es otra, de que está trabajando en beneficio de “todos” sus gobernados, la calificación se mantendrá a la baja.

Su discurso y publicidad no logrará modificarla por la sencilla razón de que la población vive y sufre su realidad, esa que contrasta con la que pinta el gobernador. Pero, también existen varias acciones gubernamentales que demuestran que, en estos casi tres años de sus gobierno, ha operado el señor y sus funcionarios en contra de un muy importante número de familias hidalguenses, por el “delito” de estar organizados y exigirle que cumpla la función para la que fue elegido y atienda y resuelva los problemas de servicios básicos, vivienda, construcción de caminos, etcétera; aquí solo algunos ejemplos:
1. Desapareció el programa alimentario que beneficiaba a más de 15 mil familias, con el argumento de que ahora les enseñaría a “pescar” a través de proyectos productivos consistentes en engorda de aves de traspatio y de surtimiento de insumos para cultivar hortalizas, etcétera; obvio que todo esto ha quedado en “proyectos”, en el papel, nada se materializó, pues es imposible para las familias que viven en vecindades o rentando o en terrenos muy pequeños cultivar hortalizas o criar animales en las azoteas de sus casas; mientras que en las zonas rurales prácticamente ha sido nulo el apoyo y las pocas pollitas que entregaron a algunas familias a los pocos días se murieron y la gente quedó igual.

2. Eliminó el apoyo con fertilizante y semilla mejorada a cientos de productores agrícolas y campesinos y los pocos que se vieron beneficiados fueron los elegidos e incondicionales de la Secretaría de Agricultura de Hidalgo, no los más necesitados.

3. Desapareció el programa de mejoramiento a la vivienda, desconociendo que en Hidalgo, cerca de 200 mil personas viven hacinadas por falta de vivienda.

Y para terminar con estos ejemplos, la cereza del pastel: la actual administración promueve una política hostil, agresiva y de acoso a varias instituciones educativas:
A. La primaria José Julián Martí, ubicada en la colonia Ramos Arizpe, en Pachuca, tiene 20 años de existencia e imparte educación a cerca de 300 niños y en el presente ciclo escolar, dentro de la administración del actual gobernador, simplemente a 10 profesores no les han pagado, el argumento es que la SEPH no ha “liberado” los pagos, o sea, ellos mismos; además, en el año ha sufrido tres asaltos, claramente instigados desde alguna oficina gubernamental como castigo a profesores y padres de familia por demandar mejoras a la institución y el pago de los profesores. Para hacer más claro el acoso, en días pasados llegó personal de la CFE a cortar la energía eléctrica porque ni la SEPH ni el gobierno han cumplido con su obligación de pagar el consumo de la institución.

B. Y en peores condiciones tiene el gobierno al bachillerato Coronel Nicolás Romero: contra todo derecho no les han pagado el aguinaldo correspondiente a ninguno de los profesores (desde diciembre les vienen contestando que está en “trámite”) y en enero del presente año, simplemente les suspendieron el pago de su salario y, todavía, a través de la CFE mandaron a hacer el corte de la energía eléctrica y, obviamente, el gobierno tampoco asume su responsabilidad de pagar el servicio y ahora tiene al plantel sin que pueda funcionar ni una sola computadora de la dirección escolar, menos el laboratorio de cómputo.

C. Se tiene trabajando en condiciones paupérrimas en instalaciones prestadas a más de 200 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, en Pachuca, pues simplemente contra toda lógica y derecho se les niega el registro y construcción de sus escuelas.

D. Cuando los jóvenes estudiantes de cinco albergues estudiantiles protestaron porque el gobierno del estado no estaba aplicando todos los recursos presupuestados, logrados a través de la gestión federal de los diputados antorchistas, en la construcción de sus albergues y posteriormente, al ser ignorados en el resto de sus peticiones y sumarse al plantón antorchista en plaza Juárez, les fue retirado el subsidio en castigo por “levantiscos”. Hoy, el gobierno de Omar Fayad les ha retirado, quizás en un arranque de ira, igualmente contra todo fundamento y violando su derecho a la educación, el subsidio para la alimentación y el pago de servicios (agua y luz), afectando a más de 300 estudiantes, algunos de ellos, como los moradores del albergue indígena de Huejutla, de procedencia 100 por ciento rural e indígena. Y hoy también están a oscuras, pues por orden del gobierno les han cortado la luz: vileza sobre el acoso oficial.

Con estos hechos y muchos, pero muchos más, no narrados aquí, es claro que el gobernador no puede tener una calificación distinta, al contrario, mantiene su caída libre. Desde aquí un atento llamado (si aún cabe) al gobernador y a su secretario de Educación para que atienda y resuelva los problemas de los estudiantes y profesores aquí referidos y que su odio al movimiento antorchista no lo ciegue a tal grado que deje sin opciones educativas a cientos de niños y jóvenes.

Antorcha continuará su lucha por un mejor país más justo y solidario y por una juventud educada y más participativa, a pesar de toda la represión física y administrativa, a pesar de todas las calumnias.

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