CÉSAR MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

En 34 casos de personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hay evidencias sólidas que revelan actos de tortura por parte de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía federal o la Marina, concluye un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advierte en el informe presentado ayer un patrón consistente de violaciones de derechos humanos y un “modus operandi uniforme”.
El documento titulado Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa indica que los actos de tortura fueron cometidos entre septiembre de 2014 y enero de 2016.
Entre esos 34 casos están policías de Iguala y personas vinculadas al cártel Guerreros unidos, en cuyas declaraciones se basó la “verdad histórica”, como Agustín García el Chereje, quien fue llevado al Río San Juan por Tomás Zerón, exjefe de la AIC; y Gildardo López Astudillo, el Gil, quien supuestamente ordenó desaparecer a los normalistas.
Golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y presión psicológica son algunas de las formas de tortura identificadas por la ONU-DH.
“Las autoridades involucradas en estos actos incluirían a personal de la PGR, principalmente de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como a integrantes de la Policía federal y de la Secretaría de Marina”, según el informe.
La ONU-DH documentó que en la mayoría de los 34 casos en el parte policiaca se reportó que las detenciones fueron llevadas a cabo sin necesidad de recurrir a la fuerza, pero en informes médicos posteriores a la detención se notificaron lesiones.
Para justificar las lesiones de los imputados, añadió, las autoridades federales manifestaron “autogolpes”, “lesiones anteriores a la detención”, “estados de ebriedad” o “caídas”.
En sus conclusiones, la Oficina del Alto Comisionado llama a evitar lo que consideró una práctica institucional de actos de tortura, así como su tolerancia y encubrimiento.

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