Acusan al INM por desaparición forzada

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César Martínez / Agencia Reforma
Ciudad de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 31/2017 por la probable desaparición forzada de una joven mexicana por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).
“La CNDH cuenta con elementos que permiten evidenciar la probable desaparición forzada de la adolescente y la violación a los derechos humanos”, indicó el organismo.
La joven, de 17 años, abordó un autobús el 22 de junio a las 23:30 horas en Motozintla, Chiapas, para ir a Tuxtla Gutiérrez, donde vería a su padre.
Sin embargo, según el testimonio de otro pasajero, a las 2:30 horas del 23 de junio, dos agentes del INM inspeccionaron el autobús en San Gregorio Chamic, en el municipio Frontera Comalapa, y le pidieron a la mujer que descendiera del vehículo.
Los agentes creyeron que se trataba de una guatemalteca pues, al tener 17 años, la joven no pudo mostrar una identificación oficial, solo la clave única de registro de población (CURP).
Cuestionados al respecto, los elementos del INM reconocieron que entrevistaron ese día a la joven, pero aseguraron que le dieron el beneficio de la duda y le ofrecieron dos opciones: irse por su cuenta o esperar en el lugar a que pasara otro autobús.
La joven, según los agentes, decidió irse sola. Desde entonces no se le ha visto.
De los hechos conoció primero la Fiscalía de Chiapas y después la Procuraduría General de la República (PGR), pero la entidad federal se declaró incompetente y remitió su averiguación previa a la autoridad estatal.
Por ese hecho, la CNDH también dirigió la recomendación al procurador Raúl Cervantes, ya que al estar involucrados elementos del INM era la dependencia la que tenía que indagar los hechos.
La comisión pidió a la PGR atraer la investigación y determinar la probable responsabilidad penal de quienes participaron en la desaparición forzada de la adolescente.
Al gobernador de Chiapas le pidió colaborar con la investigación de la institución y al comisionado del INM, Ardelio Vargas, le instruyó proceder con la reparación integral del daño, en términos de la Ley General de Víctimas, que incluya compensación y atención psicológica.

 

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