DIANA BAPTISTA / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 en materia de agua beneficia a tres megaproyectos relacionados con empresas de Carlos Slim, denunciaron organizaciones sociales.

Elena Burns, coordinadora de Agua para Todxs, explicó que los diputados asignaron 5 mil millones de pesos a Carso Infraestructura e ICA para el túnel emisor oriente, así como 3 mil 200 millones de pesos a las obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Por cada peso que se asigna a obras locales de agua y saneamiento para cumplir con el derecho humano al agua, se asignan tres pesos a solo tres megaproyectos asociados de una forma u otra a consorcios de Carlos Slim”, aseveró.

Los recursos para el derecho al agua y saneamiento, dijeron, son de 0.12 por ciento del producto interno bruto (PIB), un recorte de 72 por ciento, destinados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

También señalaron la aprobación de mil 530 millones de pesos para la presa El Zapotillo, en Jalisco, pese a que el proyecto está suspendido por orden de un juez.

“Responsabilizamos a los y las diputadas de desacato de órdenes judiciales sobre un proyecto que desde 2013 está totalmente suspendido y no se le debieron haber asignado mil 530 millones de pesos”, apuntó María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Aseguró que las empresas La Peninsular y Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon, junto con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), donde Slim es socio mayoritario, reciben desde 2014 indemnizaciones por 19 millones de pesos mensuales.

Ello se suma a los 220 millones de pesos que recibió FCC por concepto de indemnización en 2014.

Recordó que la empresa Abengoa, encargada de la construcción del acueducto para la presa El Zapotillo, ha recibido 2 mil millones de pesos en indemnización por la suspensión del proyecto, pese a lo cual se declaró en quiebra desde hace tres años.

En agosto, la empresa renunció a la obra, por lo cual solicitó otros 2 mil millones de pesos.

“Los mil 530 millones de pesos van para seguir pagando indemnizaciones a las empresas, porque no se puede seguir construyendo”, agregó González.

Las organizaciones anunciaron que presentarán demandas de amparo y controversias constitucionales, así como quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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