Hasta el cierre de esta edición, no se sabía si el gobierno estatal había liquidado el adeudo que mantenía con la UAEH, que según la última cifra conocida de manera pública, ascendía a 115 millones 387 mil 98 pesos. Esto, cuando faltan tres días para que la marcha convocada por el propio rector Adolfo Pontigo Loyola, tenga lugar por las principales calles de la capital hidalguense. Lo anterior, pese a que el propio gobernador Omar Fayad Meneses declaró de manera contundente ante medios de comunicación que el gobierno estatal no actuaría “como el tío Lolo” y que cumpliría con sus obligaciones con la máxima casa de estudios estatal. Esto el gobernador lo declaró en Tizayuca el pasado miércoles 16 de agosto y hasta este fin de semana las cosas seguían igual. Frente a ese impasse, hoy la comunidad universitaria, a través de un desplegado, reitera que en tanto no haya sido resuelto el impago, la convocatoria a marchar se mantiene vigente el próximo 23 de agosto. Frente a esa disyuntiva, cabe plantear las siguientes preguntas: el propio gobernador redujo este problema a una falta de comunicación: ¿siguen sin hablar el rector Pontigo y el gobernador Fayad? ¿Persiste esa barrera? ¿Qué canal es el que se encuentra bloqueado o no funciona adecuadamente? Y si no es ese el problema, ¿por qué entonces tensar esta situación? No hablamos de recursos que deben ser gestionados ante la Cámara de Diputados. Los recursos existen y están etiquetados, por lo que no se entiende esa actitud de retener el presupuesto. ¿Qué hay atrás de esta acción dilatoria del gobierno estatal? ¿Es alguna forma de revancha, de represalia política? La administración de Omar Fayad tiene a la vuelta de la esquina su primer Informe de Gobierno y un evento de carácter internacional. ¿Le conviene tener el río revuelto frente a estas dos fechas en la agenda pública? De filón. Y hablando de gasto público, resulta que el exgobernador Francisco Olvera Ruiz decidió duplicar el presupuesto que destinó para rentar oficinas gubernamentales. Durante los cinco años de su administración, Olvera pagó 282 millones de pesos para arrendamiento de oficinas. Una de ellas, destinada a la Secretaría de Desarrollo Social, significó (significa) una erogación de 300 mil pesos mensuales. ¿No sería más barato construir oficinas de manera paulatina antes que erogar para rentas semejante presupuesto?

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