Admiten recursos contra “ley chayote”

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La Suprema Corte de Justicia llevó a trámite tres acciones de inconstitucionalidad que buscan la invalidez total de la Ley General de Comunicación Social

El ministro Fernando Franco admitió las demandas promovidas por la CNDH

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite tres acciones de inconstitucionalidad que buscan la invalidez total de la Ley General de Comunicación Social, pero rechazó suspenderla.
El ministro Fernando Franco admitió las demandas promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por un grupo de senadores, y por Movimiento Ciudadano y emplazó al Ejecutivo y al Congreso a que rindan informes en 15 días hábiles.
Los inconformes alegan que la llamada “ley chayote”, emitida por el Congreso para acatar una sentencia de amparo dictada por la corte en 2017, sigue dejando en manos del Ejecutivo los lineamientos y reglas para contratar propaganda en medios de comunicación.

Si bien los senadores pidieron a la corte suspender la ley, los ministros instructores están impedidos para decretar esa medida cuando se impugnan normas generales.
Franco también consideró que el trámite de las acciones no recibirá la atención prioritaria reservada para asuntos en materia electoral, como pidió MC, que como partido solo puede impugnar leyes en dicha materia.
Por tanto, lo más probable es que la corte no resolverá el asunto este año, y la ley impugnada estará vigente para normar las decisiones de comunicación social de la nueva administración, que inicia funciones el primero de diciembre.
Para invalidar toda la ley, o algunos artículos, será necesario el voto de al menos ocho de los once ministros de la corte.

“Es innegable que la norma impugnada pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión, pues da pauta a que de forma discrecional, las autoridades establezcan los criterios y lineamientos, de asignación de publicidad oficial”, afirmó la CNDH en su demanda.
La primera sala de la corte concedió el amparo en este caso porque el Congreso llevaba casi cuatro años sin cumplir el mandato de la reforma constitucional de 2014 para legislar sobre propaganda del gobierno.

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