Alfredo Dávalos
Exdirector fundador de Libre por
convicción Independiente de Hidalgo

Son varios los miles de millones de pesos de nuestros impuestos que prácticamente se han ido a la basura en la construcción de una institución electoral federal que garantice el respeto de la voluntad ciudadana a través del voto, que se instituya en un árbitro imparcial que conduzca el buen desarrollo de los procesos electorales en el país y que castigue y sancione prácticas electorales ilegales en las que se han doctorado los partidos políticos.
Las elecciones del 4 de junio pasado en Nayarit, Coahuila, Veracruz y Estado de México “desnudaron” la parcialidad y descomposición de los funcionarios que dirigen e integran los institutos electorales en las entidades federativas, ya que en lugar de hacer respetar y valer la decisión mayoritaria de los ciudadanos manifestada en las urnas, siguen siendo empleados incondicionales de los gobernadores, respaldando las decisiones de estos sobre los intereses de los electores.
Nadie en su sano juicio puede asegurar que las elecciones del pasado domingo fueron limpias, imparciales y equitativas, pues fue más que evidente la compra de votos, el uso de programas sociales del gobierno para inducir el voto, las amenazas e intimidación para evitar que la ciudadanía saliera a votar en forma masiva. Un ejemplo de esas prácticas fue el que desconocidos hayan tirado cabezas de cerdo ensangrentadas y mensajes amenazantes afuera de una de las sedes de un partido político en el Estado de México.
A lo largo de la jornada electoral y en los días subsecuentes los ciudadanos nos enteramos a través de las redes sociales y de algunos medios de comunicación del “cochinero” electoral en el Estado de México, Veracruz y Coahuila.
Imagínese el grado de las porquerías cometidas para desconocer la voluntad de los electores que el exgobernador y exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira Valdés, avezado en la “alquimia y mapachería” electoral, denunció que su hermano Rubén, actual gobernador priista coahuilense –y esposo de la diputada federal tricolor hidalguense Carolina Viggiano Austria–, se robó la elección.
“Es lo más burdo que he visto en mi vida, son unos hijos de la chingada, hagamos una concentración pero organicémonos todos los que fuimos asaltados por el puto del tirano del gobernador y su bola de secuaces”, se escucha decir a Humberto Moreira en un audio que circuló en las redes sociales, el cual fue reproducido y divulgado en varios medios de comunicación nacionales después de la jornada electoral del 4 de junio.
Lo más grave del caso es que el Instituto Electoral de Coahuila haya declarado como vencedor de la contienda electoral al aspirante priista Miguel Riquelme Solís después de la falla del Programa de resultados electorales preliminares (PREP), que además de haber sido lentísimo, terminó sin contar 28 por ciento de las actas.
Un conteo rápido diseñado y avalado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) había dado una ventaja de dos puntos porcentuales al aspirante panista Guillermo Anaya Llamas unas horas después del cierre de las casillas electorales, sin embargo, más tarde el PREP, de manera inverosímil, dio la ventaja al priista Miguel Riquelme, la cual mantuvo tras los conteos distritales, mismos que fueron desconocidos por todos los aspirantes opositores, quienes se unieron para constituir un frente común en defensa de los votos de los coahuilenses.
Todas estas anomalías e irregularidades electorales echan por el caño la millonaria inversión de nuestros impuestos en la construcción de un árbitro electoral que garantice y haga respetar y valer la voluntad de los ciudadanos emitida a través de sus votos. ¿De qué sirve gastar miles de millones de pesos por una democracia simulada?
Nadie puede negar que el actual sistema electoral y de partidos políticos está agotado porque no es confiable, nos resulta sumamente caro a los contribuyentes cautivos y porque la democracia la deciden los magistrados electorales en los tribunales y no los electores, de tal manera que es tiempo de sepultar el actual sistema electoral y construir uno nuevo que empodere a los ciudadanos y no a la partidocracia parasitaria que hoy predomina en México.

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