Ya sabemos que nuestro sistema de justicia no es el mejor. Que tenemos un índice de impunidad superior a 90 por ciento. Y que la mayor parte de la población no confía en la justicia. Sabemos que alrededor de 90 por ciento de los delitos no se denuncian. Y también sabemos que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, 91 por ciento de los delitos sexuales no se denuncian. Esto ya de por sí es muy grave. Esto significa, aunque suena reiterativo, que nueve de cada 10 agresiones sexuales que suceden en el país quedan impunes. Las víctimas prefieren guardar silencio porque no confían en la autoridad, o porque no hay protocolos de apoyo. Incluso, sufren burlas y son revictimizadas. Pero si eso es grave, hay otra realidad igual de sombría. De las pocas agresiones que son denunciadas, un porcentaje mínimo tiene alguna consecuencia. Según la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), de 755 casos de violación que ocurrieron en Hidalgo de enero de 2016 a la fecha, solo en 34 hubo detenidos. Ya no digamos sentenciados. Esto es muy grave porque demuestra que casi todas las agresiones sexuales quedan impunes. También es preocupante que las violaciones se concentran principalmente en mujeres. Del total de casos, 678 fueron agresiones a mujeres, esto es 89.80 por ciento. Frente a esta realidad, es evidente que la justicia no funciona. Hace falta un giro radical que requiere una acción concertada de las autoridades. México no puede ser un país desarrollado con esas cifras de impunidad. De filón. En Pachuca están por tratarse dos temas fundamentales para la ciudad. Uno de ellos es la concesión para la recolección de la basura. La actual administración debe aprender de los errores cometidos por su antecesora, encabezada por Eleazar García.

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