Tras analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, presentado por el gobierno federal a la Cámara de Diputados, este diario ha encontrado varios rubros que pretenden ser recortados y que podrían traer consecuencias, sobre todo, a los sectores más vulnerables. En esta edición le informamos que, si el presupuesto es aprobado como viene, los subsidios para agua potable y saneamiento de la entidad se verían fuertemente afectados. El gobierno federal plantea reducir casi 300 millones de pesos a Hidalgo el próximo año, en lo que se refiere al subsidio perteneciente al Programa hidráulico. En números fríos, esto quiere decir que Hidalgo tendría 203 millones 610 mil pesos para el programa que incluiría partidas para subsidios de agua potable y saneamiento, así como subsidios hidroagrícolas. Suponemos que el gobierno federal quiere reducir el presupuesto a estos programas porque piensa que Hidalgo no está tan mal en materia hidráulica. No obstante, esto no es así. Recordemos que el Valle del Mezquital vive una permanente crisis por la falta de saneamiento a las aguas que llegan, vía trasvase, desde el Valle de México. Es de sobra conocido el problema que representa que millones de metros cúbicos lleguen al Valle del Mezquital sin que antes haya un tratamiento previo, aunque sea primario.  Este diario le informó el pasado 19 de septiembre que el acuífero Valle del Mezquital está contaminado por el riego con agua residual proveniente de la capital del país. Esto hace que el acuífero tenga presencia de coliformes fecales, “y puede agravar de continuar esta práctica”, según un estudio publicado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Diario Oficial de la Federación. El problema, o lo que no ven con claridad las autoridades, es que ese acuífero provee de agua a 575 mil habitantes de 16 municipios de Hidalgo y nueve del Estado de México. Y pese a la resistencia que hay de los usuarios de agua de riego en Hidalgo, pues suponen que el tratamiento le quita las propiedades y “el fertilizante” al agua, es evidente que urge reforzar la infraestructura para su tratamiento. Las prioridades, sin duda, se ven claramente en el presupuesto. De filón. Vaya dilema: si hay fiesta brava, pues es necesario regularla. El ayuntamiento no puede desentenderse de esa función. Pero también es válido que la mayoría de la población piense que la fiesta brava debe dejar de practicarse. ¿Por quién decantarse? ¿Por la tradición milenaria de la fiesta brava? ¿O por quienes pugnan por su erradicación?

Comentarios