Ahora universidades: politécnica de Francisco I. Madero y Sedatu desviaron 185 mdp

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Hidalgo
El líder panista comentó que, incluso, las acusaciones contra Ricardo Anaya son una estrategia del PRI para desviar la atención sobre los desvíos

Pachuca.-

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) en Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) presuntamente desviaron más de 185 millones de pesos a través de contratos que servirían para realizar proyectos de ordenamiento, desarrollo y equidad, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Según la auditoría forense 196 DS, en enero de 2016 la UPFIM y Sedatu suscribieron el convenio general SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016, con el propósito de aplicar conocimientos científicos y técnicos en proyectos de ordenamiento territorial, desarrollo, equidad de género, propiedad rural y desarrollo agrario por un monto de 185 millones 839.5 miles de pesos.

Sin embargo, tras la revisión de la auditoría al convenio específico entre la dependencia y la casa de estudios, encontró que el régimen de contratación fue presuntamente usado para la obtención irregular de recursos públicos, pues no se sujetó a las reglas de contratación establecidas por la ley, que estipula que tengan la capacidad para realizar el trabajo.

Pese a ello, la UPFIM manifestó falsamente tener la capacidad ante la dependencia contratante, además, la casa de estudios subcontrató a dos proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la Sedatu, por un monto de 181 millones 959 mil 500 pesos de los más de 185 millones.

Aunado a la subcontratación, se detectaron irregularidades que evidencian simulación, elaboración de información y documentación presuntamente apócrifa, con la que se pretendió acreditar los servicios prestados.

Los proveedores

En ese sentido, la UPFIM suscribió con la empresa Contabilidad y Soluciones INNER, SA de CV, a través del encargado de rectoría y la subdirectora de sistemas informáticos, un contrato por 42 millones 841 mil 599.28 pesos para los servicios relacionados con un sistema informático (software).

De lo anterior, la ASF presumió que la empresa solo existe en el papel y no realizó el software, lo cual evidencia que la contratación de los servicios solicitados a la UPFIM presuntamente derivó en una simulación de operaciones.

Por su parte, Contabilidad y Soluciones Inner SA de CV realizó diversas transferencias a siete empresas, de las cuales seis son proveedores que presumiblemente participaron en la prestación de los servicios subcontratados por empresas contratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas.

En febrero de 2016, la UPFIM suscribió con la empresa Asesores Contables Administrativos Vicma SA de CV un contrato por un monto de 139 millones 117 mil 850.84 miles de pesos para el servicio profesional y técnico en la estandarización para levantar información para el análisis y diseño del manual del sistema de gestión y operación de los servicios del centro de Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort.

La empresa realizó transferencias para el supuesto pago del personal que presumiblemente participó en la ejecución de los trabajos, honorarios que ascienden a 63 millones 146.7 mil pesos, de los cuales 10 millones 54.2 miles de pesos fueron pagos a 69 funcionarios y exfuncionarios públicos de distintas dependencias y entidades de la administración pública federal.

De ellos, 4 millones 521.4 mil pesos a 32 servidores públicos en funciones, entre los que se encuentran: directores, subdirectores de área, jefes de departamento, asesores, administradores, Policía federal, agente de migración, auditor fiscal y verificador, mientras que los otros 5 millones 532.8 mil pesos fueron pagados a 37 exfuncionarios.

También el remanente

 De acuerdo con la ASF, la casa de estudios además tuvo un remanente de 3 millones 880 mil pesos de lo pagado por la Sedatu, del cual remitió un resumen ejecutivo de personal integrado por ocho servidores públicos, de quienes informó el pago por un monto total de 2 millones 533.9 mil pesos.

Manifestó que estos no percibieron algún ingreso adicional y que únicamente prestaron sus servicios en el ámbito de sus atribuciones y no generaron entregables vinculados con el convenio, pues únicamente realizaron actividades a las que normativamente tienen obligación, además de que de un millón 346.1 mil pesos no informaron sobre su destino.

Con ello, sumaron un presunto desvío por 185 millones 839.5 mil pesos, que se agregan a los contratos que realizaron la Sedesol y RTH en 2014 y 2015 por 955 millones 311 mil 55.95 pesos por trabajos de audio y video, en el que la segunda subcontrató a 61 empresas que no realizaron el trabajo.

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