En octubre de 2003, una sentencia judicial dictada por un tribunal de circuito obligaba al gobierno del Distrito Federal (actualmente CDMX) a pagar una suma (en verdad absurda) por la expropiación de unos terrenos. López Obrador declaró, con tonos severos y jacobinos: “Ley que no es justa no sirve. La ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Una ley que no imparte justicia no tiene sentido. La corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo. La jurisprudencia tiene que ver, precisamente, con el sentimiento popular. O sea que si una ley no recoge el sentir de la gente, no puede tener una función eficaz […] la corte no es una junta de notables ni un poder casi divino.

” Si la ley era injusta, había caminos institucionales para cambiarla. Si el juez, como era el caso, había dado una sentencia excesiva, existían instancias jurídicas para combatirla. Los abogados del gobierno del Distrito Federal hicieron uso de esas instancias y al cabo del tiempo, lograron reducir sustancialmente la cantidad que se reclamaba. Sin embargo al litigar el asunto en los medios y negar la autoridad de la Suprema Corte de Justicia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había dado una primera muestra de su idea de justicia, y su imagen condicionada de la división de poderes.

En 2006, y luego que el tribunal electoral decidiera desestimar la impugnación que realizó Andrés Manuel López Obrador y validará la victoria de Felipe Calderón, el tabasqueño desde el Zócalo de Ciudad de México convocó a un mitin y entre gritos de ¡presidente, presidente! Dijo: “Al diablo con sus instituciones”. La frase se dio mientras los legisladores del PRD, tomaban la tribuna del Congreso de la Unión e impedían que el presidente Vicente Fox rindiera su último Informe de Gobierno.

Andrés Manuel López Obrador tiene un concepto marxista del derecho, para él es un arma de la burguesía para dominar al proletario y será justamente ese paradigma el que permeará durante el resto de su sexenio y su tan particular conducción presidencial; de tal forma que al proponerse la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México fijó postura y durante su característica “mañanera” se planteó que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vetara la solicitud de juicio a los exmandatarios, de inmediato se enviaría una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución, el cual establece el derecho del pueblo a ser consultado.

La Suprema Corte de Justicia modificó la pregunta con seis votos a favor y cinco en contra, avalando la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes; posteriormente, modificó con ocho votos la pregunta del presidente quedando de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El presidente de la corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea argumentó que una consulta sobre la política criminal, como la que se plantea, no tendría efectos vinculantes para las autoridades investigadoras y judiciales, pero esto no implica que la materia de la consulta esté prohibida. La materia de la consulta se limita a pronunciarse sobre la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido en el artículo 35 constitucional. Originalmente la pregunta era: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Ante ese cambio de la reformulación de la pregunta el resultado de la consulta popular no producirá ninguna acción penal contra los expresidentes. Por tanto, no es vinculante la pregunta para la fiscalía, es decir, no está obligada a ejercer ninguna acción, ya que es autónoma y no actúa acorde a consultas populares. Entonces ¿para qué hacer esta pregunta si no habrá ningún proceso contra nadie? Aunque sirva para generar cambios culturales y una posible perfección social.

Seguramente al no obtener una posición favorable y espectacular, como es característica de los gobiernos que se respaldan en las masas populares López Obrador no solo pedirá sino que exigirá que: “El pueblo manda y pide que se encarcelen a los expresidentes” y por tanto las masas quieren mirar cómo se condena y lleva a prisión a sus exmandatarios como en plena revolución francesa aconteció contra la burguesía que era guillotinada ante los ojos de un pueblo enardecido que exigía justicia y sed de venganza y así como sucedió en pleno fervor revolucionario francés aquí en México se implora, se pide, se espera que la venganza a esos hijos del averno llegue.

Por eso y seguramente ante la opinión de muchos ciudadanos ¡al diablo con sus instituciones! cuando lo que se busca es hacer una tan esperada justicia y no solo farsas ¡justicia!, ¡juicio real a los expresidentes! no solo falsas esperanzas para tener un México mejor ¿Tú lo crees?… Yo también.

Comentarios