¿Al diablo las instituciones?

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Moisés Sánchez Limón

De los 11 integrantes del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), el doctor José Roberto Ruiz Saldaña fue el solitario consejero que votó en contra de la sanción que, por 197 millones 46 mil pesos, se aplicó a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ruiz Saldaña increpó a sus pares en ese cuerpo colegiado del INE, junto con el representante de Morena ante esa institución, el abogado Horacio Duarte, el mismo que en la elección de 2006 perdió el litigio postelectoral incoado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual demandaba la anulación de los comicios en los que, por margen cerradísimo, perdió Andrés Manuel López Obrador frente a Felipe Calderón Hinojosa.

Aducen los morenistas que pretende quemar con leña verde a los 10 consejeros que aprobaron la millonaria sanción, que obedecen a una embestida orquestada desde el gobierno federal con apoyo del PAN y de otros etcéteras, un asunto que finalmente López Obrador calificó como un complot en el que también intervino el diario Reforma –ese periódico bandera de los que el próximo presidente de México llama fifís–.

Sin duda, es de elemental procedimiento que un ente sancionado por la autoridad se defienda en tribunales, sería inédito que uno de ellos aceptara sin chistar una multa de ese tamaño que el licenciado Andrés Manuel califica como extraordinaria, nunca antes vista, olvidándose de que en la elección presidencial del año 2000, que ganó el panista Vicente Fox e hizo talco al PRI, estalló el escándalo del Pemexgate, que devino en una sanción de poco más de mil millones de pesos, que les fueron descontados en cómodas mensualidades al Revolucionario Institucional.

El PRI se defendió, presentó pruebas de que no había nada oscuro en ese fondeo multimillonario del sindicato petrolero a las arcas tricolores para soportar la campaña de Francisco Labastida Ochoa, a quien Ernesto Zedillo le quitó la escalera y lo dejó colgado con una campaña, cuyo entonces coordinador Emilio Gamboa Patrón echaba campanas a vuelo sin sustento, luego del debate en el que, sin duda, con ese desparpajo valemadrista muy suyo, ganó Vicente Fox.

Pero vaya, el PRI, el dinosaurico partido que fue considerado aplanadora electoral, un partido imbatible, en esos días, aceptó finalmente la decisión del árbitro creado cuatro años antes, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pagó la multa descontada de sus prerrogativas.

¿Descalificó el PRI a consejeros y magistrados electorales? Por supuesto, hubo pataleo más no se llegó al extremo de considerar que hubo complot para sancionarlo y echarlo a manos de la turba que lo linchó y llevó al desprestigio que debió sacudirse en un periodo de 12 años para volver al poder.

Los pasos que dio Ernesto Zedillo –la sana distancia, en esencia– para dejar en la orfandad política y, sobre todo, financiera al PRI, son elementos indicativos de una negociación de la que el último en enterarse fue Vicente Fox.

Y, mire usted, no es defensa oficiosa del PRI, no, es una sacudida en la memoria nacional que nos aterriza en un hecho elemental: las instituciones, de las que forma parte el Instituto Nacional Electoral, federal entonces, se mantuvo como el árbitro de la contienda cuya decisión, de la mano de la otra institución que es el TEPJF, aun cuando cuestionados y criticados, se aceptó. Y punto.

Hoy, empero, se da una pauta inquietante y que es indicativo de un doble lenguaje o el mentís a la oferta de campaña de Andrés Manuel López Obrador, de no atentar contra la estructura de la administración pública y respetar las decisiones jurisdiccionales.

El affaire del fideicomiso “Por los demás”, creado a instancias y por acuerdo de Morena y su entonces dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador tiene aristas de las que los defensores del engaño proselitista con esa ayuda a miles de damnificados del sismo del 19 de septiembre del año pasado, se sujetan para descalificar y mandar al demonio a esa institución, a la que el próximo presidente de México le ha endosado calificativos de suyo peyorativos.

El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello ha sostenido hace unos días que el consejo general actuó sin filias ni fobias en la sanción aplicada a Morena.
Y, vaya, puntualiza en una vertiente fundamental, por cuanto a que el fideicomiso de Morena no tuvo un uso electoral.

“La actuación del INE se ha apegado a principios de legalidad, parcialidad e independencia. Su actuación ha sido sin filias ni fobias; es decir, sin sesgos políticos. El INE no aceleró ni retrasó las investigaciones. Rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte en el sentido de nuestra resolución”, puntualizó Córdova Vianello.

Y, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra que, por cierto, es inatacable.

El antecedente, citaba, es que el abogado que interpuso la demanda ante el TEPJF por el asunto del fideicomiso es el mismo que perdió el litigio postelectoral del año 2006, Horacio Duarte. ¿Al diablo las instituciones? Entonces, ¿por qué recurrir a ellas? Sí, es un simplismo, como es el hecho de pretender soslayar que el reparto de dinero a damnificados del S19 en nombre de Morena, promovido por Morena, fue una verdadera compra anticipada del voto.

Por agradecimiento o reconocimiento, quien recibió mil 200 o dos mil 400 pesos en efectivo y sin condicionamiento aparente, pues simplemente votaría por quien le llegó en el momento propicio para que se gastara esa lana como le viniera en gana. Y al diablo las instituciones, total, es enunciativo el asunto y de lo que se trata es de demostrar quién manda y cómo manda. Digo.

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