Cuando un gobierno tiene prioridades es fácil detectarlo en el presupuesto que designa para tal efecto. Por eso, es posible sostener que a la actual administración estatal le tiene sin cuidado el fenómeno de la trata de personas en la entidad. Un dato que sostiene esa afirmación: mientras en 2013 había un presupuesto de 178 mil pesos para la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Trata de Personas en Hidalgo (ya de por sí insuficiente), en 2017 ese monto se redujo drásticamente para llegar a solo 98 mil 100 pesos, lo que significa una caída de 82.

26 por ciento. Esa decisión, paradójicamente, tiene lugar en medio de un inusitado crecimiento del delito en la entidad, pues en el primer semestre de este año 23 personas fueron víctimas de trata, lo que significó un incremento de 109 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018, cuando apenas hubo 11 casos. Por si fuera poco, en junio la entidad se colocó en primer lugar nacional por la incidencia de ese delito. Frente a ese fenómeno es evidente que las políticas públicas no corresponden con la realidad. ¿Serán suficientes menos de 100 mil pesos para procurar justicia a 23 personas víctimas de trata? Ahora se entiende por qué la Fiscalía Especializada para Trata de Personas será absorbida, y por qué rara vez hay seguimiento y respuesta a esos delitos. Estamos, literalmente, a la deriva frente a ese flagelo en Hidalgo. De filón. Pasó desapercibido, pero el pasado viernes las cuentas de la Universidad de la Chontalpa fueron congeladas para investigar qué pasó con el dinero que recibió esa casa de estudios como parte de la red de complicidades en torno a la “Estafa maestra”. Y aunque fueron descongeladas poco tiempo después, las investigaciones continuarán. ¿Pasará lo mismo con universidades locales que se vieron involucradas en el saqueo que marcó la administración del expresidente Enrique Peña Nieto?

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