Al menos 365 fosas clandestinas desde 2006

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Ciudad de México

Karla y Alejandra ya descansan en paz. Fueron más de tres años y cinco meses los que sus familiares escudriñaron cada rincón de Ahome desde su desaparición, el 6 de julio de 2013, hasta que Las Rastreadoras sinaloenses hallaron los cuerpos de las jóvenes en una tumba secreta en Los Mochis, sin embargo no todas las personas que tienen seres queridos desaparecidos cuentan con la misma fortuna.
La cifra de desaparecidos en México entre 2006 y 2016 frisa los 29 mil, los desplazados por la violencia los 200 mil y los cadáveres encontrados en más de 365 fosas clandestinas apenas rebasan los 950. Todos, números extraoficiales, porque no existe una fuente confiable que proporcione los indicadores certeros. Son los familiares de los desaparecidos los que los cuentan y descuentan. Los únicos que los buscan.
Así como Las Rastreadoras husmean en baldíos, montes, valles y barrancas de Sinaloa, otros grupos les hacen la tarea a las autoridades en distintas latitudes del país. Los 43 de Ayotzinapa, el Colectivo Solecito, los otros desaparecidos de Iguala y Unidos por los Desaparecidos son solo algunos de los nombres de quienes lloran la ausencia de sus hijos, padres o hermanos, y recorren todo terreno para encontrarlos, en una agonía que no termina.
Mientras eso ocurre, lo mismo en grandes ciudades que en pequeños suburbios o el campo, el gobierno federal y el de los estados no cuentan con el ansiado banco genético, ni con un registro de fosas clandestinas y restos humanos localizados, cuyo propósito tantas veces se ha anunciado, pero no se materializa.
El caos impera para las víctimas. Lo mismo para quienes tienen que ir de una entidad federativa a otra al enterarse del descubrimiento de sepulcros clandestinos, que para quienes vienen de países centroamericanos a buscar a sus perdidos.
En su último informe anual, Amnistía Internacional lo dejó en claro: “México sufre una crisis de derechos humanos de proporciones epidémicas, y las desapariciones, la tortura, las fosas comunes y los brutales asesinatos son tan habituales que han pasado a formar parte de la vida diaria”.
En el caso de los enterramientos furtivos, el problema más grave no son las estadísticas, sino la dificultad para identificar los despojos humanos que por su avanzado estado de descomposición son prácticamente irreconocibles. En febrero de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) estableció que solo 18 por ciento de las víctimas que fueron inhumadas clandestinamente pudieron ser reclamadas por sus deudos.
En los estados con mayor incidencia de las mal llamadas narcofosas, como Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Estado de México, ha sido necesaria la intervención interdisciplinaria de médicos, genetistas, criminalistas, odontólogos y antropólogos forenses. Por ello urge el banco de ADN, que según la PGR, vincularía los registros de los servicios médicos forenses de México con los de Estados Unidos.
Si encontrar a las personas desaparecidas e identificar los restos de las fosas clandestinas representa una gran dificultad para las autoridades, más lo es establecer la identidad de los responsables de dichos asesinatos.

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