A 34 años de los sismos de 1985 y a dos de los ocurridos en 2017, en Hidalgo 62 municipios no están preparados para actuar ante desastres naturales. Según el encargado interino de la subsecretaría de Protección Civil y gestión de riesgos estatal Enrique Padilla Hernández más de dos terceras partes de los ayuntamientos no cuenta con un atlas de riesgo, documento que establece para las autoridades y población un plan para actuar en caso de emergencias y que también delimita aquellas zonas vulnerables a fenómenos como huracanes o terremotos, como los que ayer recordamos en todo el país. La falta del atlas de riesgo no solo evidencia la falta de planeación que distingue a la mayoría de los ayuntamientos, sino que también habla de que los alcaldes menosprecian la cultura de protección civil, de la cual muchos hicieron alarde ayer durante los simulacros celebrados en todo el país. Ah, pero eso sí, si ocurriera alguna catástrofe, entonces los alcaldes que hoy carecen de atlas de riesgo justificarían que ante fenómenos naturales hay muy poco qué hacer. Frente a la irresponsabilidad de los ayuntamientos, los gobiernos federal y estatal deberían diseñar una estrategia para empujar a los 62 municipios a concretar de una vez por todas dicho atlas. De no hacerlo, la indolencia, la falta de previsión, pasará la factura pero no a los gobernantes, sino a la población que vive en laderas de montañas, en márgenes de ríos o en zonas con suelos inestables. De filón. Por unanimidad, un tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del estado dictó ayer una sentencia de ocho años de prisión contra Ismael RL, extesorero de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) por el delito de peculado de 680 mil pesos en agravio de la administración pública estatal. Un hecho que, sin duda, hay que celebrar en medio de un mar de impunidad en casos similares.

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