El presidente Andrés Manuel López Obrador se muestra muy enfático, reiterativo y no menos oportuno para negar, cada vez que se presenta la oportunidad, que su gobierno esté investigando al expresidente Enrique Peña Nieto –implicado en los sobornos de Odebrech y presuntamente en el saqueo a Petróleos Mexicanos–. Esta vez el tema volvió a salir a flote para desmentir al diario estadunidense The Wall Street Journal que esta semana publicó una versión, con base en una fuente del gobierno mexicano, en el sentido de que el exmandatario sí está bajo indagación.

¿Qué le debe López Obrador a Enrique Peña Nieto? ¿Hubo pacto entre ellos? ¿La de López Obrador fue una transición pactada y por ello funge como su abogado para frenarle cualquier investigación o atajar cuanta versión lo implique en una posible carpeta de investigación? ¿Por qué dice López Obrador que su gobierno no investigará a Peña Nieto a menos que una consulta ciudadana lo pida? ¿Cuándo se lanzará la consulta ciudadana? Todo está en el aire en ese sentido, pero lo que tiene muy claro el presidente es que, seguramente por los pactos que selló con “la mafia del poder” para llegar a la presidencia, nunca se meterá con los exmandatarios. Ese es el pacto.

Por su puesto que el expresidente Peña Nieto es objeto de investigación por parte del gobierno de la cuarta transformación. Si la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, investiga a Emilio Lozoya por el robo a Pemex y los sobornos de Odebrech, pues resulta obvio que se está investigando a la administración de Peña Nieto y a toda la red de complicidades que se tejieron en el sexenio pasado.

Ahora, de que se vaya a ir hasta las últimas consecuencias en el caso de Peña Nieto, eso es otra cosa y está muy claro que no será así: el jueves, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador fue claro al afirmar que no se está investigando al exmandatario. Con esto desmintió la versión que hizo pública The Wall Street Journal: el diario estadunidense publicó en días pasados, con base en una fuente anónima, supuestamente un alto funcionario del gobierno federal, que el expresidente sí es objeto de una investigación federal tanto en México como en Estados Unidos.

El caso Odebrech y Pemex cobró mayor fuerza tras la captura de Emilio Lozoya en España. El exfuncionario mexicano llegó a Europa muy fácilmente, a pesar de que era perseguido por Interpol. Se refugió en la ciudad de Málaga con el nombre de Jonathan Solís, lo que acreditó con una licencia que le fue otorgada durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México.

Lozoya no quiso allanarse para aprontar su extradición a México y decidió pelear en los tribunales para evitar comparecer ante la justicia mexicana. Lo puede hacer en cualquier momento del juicio. El exfuncionario de Pemex fácilmente podría hundir al expresidente Peña Nieto –¿Por eso arribó a España, donde radica el exmandatario?– y a varios exfuncionarios más que están en la picota porque participaron en el saqueo a la paraestatal y en los sobornos de Odebrech desde el 2012 para financiar la campaña del entonces exgobernador del Estado de México. También se les investiga por varios negocios: Compra de empresas, triangulaciones financieras, entre otros, donde se utilizó dinero público.

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, es incisivo y tenaz; quiere que Peña Nieto sea citado a declarar y enjuiciado. Y si así lo externa Coello es claro que esa, precisamente, es la posición de Emilio Lozoya, quien finalmente fue abandonado por sus socios y cómplices, incluido el expresidente. Quizá por ello esté en España. Es probable que esté buscando alguna negociación con el exmandatario. Y no es especulación. En este juego mafioso nada puede descartarse y Coello Trejo –viejo lobo de mar en estos temas –lo sabe muy bien.

Coello Trejo visitó a su cliente esta semana en la prisión de Málaga, España. Habló poco ante los medios, a pedido de su cliente. Pero semanas atrás y desde México el abogado explicó que la Fiscalía General de la República debe investigar y citar a comparecer a Peña Nieto porque su cliente –Lozoya –no se mandaba solo en Pemex.

Dijo, enfático, que Emilio Lozoya recibía órdenes de Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de Energía; de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y que el jefe de todos ellos era el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

De ahí que resulte de sumo interés que la FGR, a cargo del fiscal autónomo Alejandro Gertz Manero, esté obligado a citar a declarar a los exfuncionarios para que declaren sobre el tema de Odebrech y el saqueo en Pemex. Pero en este caso, como queda claro, existe un impedimento: el presidente de la República.

López Obrador ha dicho una y otra vez que no investigará a los exmandatarios. Y queda claro quiénes son: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Pero aclara el presidente que solo serán investigados si la sociedad, a través de una consulta, lo pide. Pero dicha consulta, que se comprometió a realizar, no tiene fecha. Y queda claro que no se realizará, con lo que también quedaría más que claro, por deducción lógica, que López Obrador pactó con la mafia del poder para llegar a la presidencia de la República.

Sin embargo, en estricto sentido el presidente López Obrador no puede impedir que la FGR actúe contra los exmandatarios, y en particular contra Peña Nieto, porque dicha institución tiene la particularidad y ventaja de haber sido declarada autónoma, de tal suerte que no está sujeta a ninguna autorización del presidente para actuar en el cumplimiento de la legalidad.

Si no es así, entonces estamos ante un doble discurso del gobierno y, en particular, del presidente de la República. Y lo peor sería que la FGR fuera autónoma cuando conviene a los intereses del presidente y cuando no es así se mantiene sometida al poder central.

Pese a la posición del presidente –el mejor abogado de los exmandatarios– el fiscal Gertz Manero dijo que la dependencia a su cargo tiene abiertas unas diez investigaciones derivadas del caso Lozoya que implican, por igual, a exfuncionarios y empresarios.

Por su parte, el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto expuso que por el caso Lozoya hay 14 personas físicas y morales implicadas y bajo investigación por las transferencias multimillonarias a varios funcionarios del gobierno anterior que recibieron de Odebrech así como de la empresa Altos Hornos de México.

“Hay más exfuncionarios implicados”, dijo en la Cámara de Diputados, pero no quiso ahondar en los detalles. Y añadió que hay cuatro denuncias en curso que tienen que ver con adquisiciones ilícitas durante la gestión de Emilio Lozoya en Pemex.

Expuso que la unidad de inteligencia financiera está trabajando conjuntamente con la FGR. Y dijo: “La instrucción del Ejecutivo federal es actuar no buscando venganza sino justicia, por lo que yo creo que es importante que en un Estado de Derecho las personas que presuntamente hayan cometido una conducta delictiva, por muy poderosas que sean, lleguen ante los tribunales y que los jueces resuelvan lo que tengan que resolver conforme a derecho”.

Y, si así es y esas son las instrucciones del presidente López Obrador, ¿por qué no enjuiciar a Peña Nieto y al resto de los expresidentes? Todo indica que hay evidencias de sobra para llamarlos a cuentas.

Texto extraído de www.sinembargo.mx

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