Aunque en calendario el proceso electoral concluyó, salvo esperadas resoluciones en denuncias de presuntas irregularidades, se establecen ahora vínculos entre los que se van y se quedan, en todos los niveles, para la transición de poderes.

Era de esperarse que esas acciones se emprendieran en el marco de apacible tranquilidad, hasta llegar propiamente a las renovaciones de administraciones, con todas sus complejidades.

Pero no ha ocurrido así, sobre todo en el caso de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo.

No lo han dejado quieto y él tampoco ha estado quieto.

Tema controversial es la multa que por 197 millones de pesos impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por supuestos desvíos por medio de un fideicomiso para ayudar a damnificados del sismo del 19 de septiembre.

Se argumentó que los recursos destinados para los afectados se ubicaron en dirigentes y operadores morenistas.

El tabasqueño no tardó en revirar y calificó de complot la sanción, incluyendo a la Secretaría de Hacienda, por lo que ha llamado fines políticos en su contra.

El caso no sienta precedente porque hace años, en 2003, el PAN fue sancionado por un hecho similar.

AMLO ha mostrado recibos de depósitos hechos por él, a través de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, al ya referido fideicomiso.

Habrá otras instancias las que decidan jurídicamente que procede, aunque en nada influirá para que el dirigente de Morena asuma, el primero de diciembre, funciones como presidente de México.

Quizá por la vehemencia de sus declaraciones el INE, a través de su consejero presidente Lorenzo Córdova, tendió un puente. Pidió a quien familiarmente llaman Peje, que haya disposición al diálogo, y que al aplicar la sanción se actuó de manera autónoma, sin filias ni fobias y sin atender a presiones externas del organismo.

Afirmó también que se esperará la decisión que tomará en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso.

Aguas calmas rubricaron esa postura del INE.

Bajar los salarios

Otro asunto no menos relevante es la disminución de percepciones a quienes en calidad de funcionarios, reciben altos salarios.

López Obrador enfatizó que por ley ya no podrán ganar más que él, 108 mil 284 pesos mensuales en su función de titular del Ejecutivo del país.

Pero, desde el principio, en un mar de números y especulaciones, se logró establecer que en diferentes dependencias y organismos autónomos, casi 35 mil de niveles superiores de la administración federal, quedarían comprendidos en esa resolución.

Un estudio determina que el ahorro en sus salarios generaría casi 38 mil millones de pesos, aunque, el gobierno dejaría de cobrar 19 mil millones por concepto de impuestos.

Se ha precisado que 17 gobernadores están muy por arriba del límite marcado por López Obrador, además de que muchos realizan gastos en las compras de equipo especial para su uso como son camionetas blindadas.

En el Poder Judicial, incluso en el propio INE y hasta en el servicio diplomático, se han escuchado críticas por la medida.

En apariencia, a quienes pudieran salir afectados en esa ya no lejana austeridad, les quedarán dos caminos: ampararse o, si no hubiera otro camino, renunciar.
Casi improbable que AMLO dé un paso atrás.

Traslados de secretarías

Y otro punto pendiente es el traslado de secretarás a diversas entidades de la República.
En Pachuca, por ejemplo, se afirma que se ubicará la Sedatu, aunque se menciona que para paliar un tanto el que muchos trabajadores tuvieran que cambiar de residencia, se mantendrían por un tiempo sus ubicaciones actuales y únicamente los titulares, con sus colaboradores cercanos, cambiarían de residencia.

Es mera hipótesis.

Con ese universo, está claro que el cierre del año, ya con la asunción del nuevo presidente, estará cargado en sucesos trascendentes.

En Hidalgo, adelantados

Abraham Mendoza Zenteno, dirigente estatal de Morena, fue determinante al manifestar públicamente que con formas poco legítimas el gobierno del estado ha adelantado en tiempos y procedimientos las designaciones de personajes de diversas instancias en Hidalgo.

Enumeró ejemplos: nuevo procurador, fiscal especializado en delitos electorales, dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el ombudsman y la reducción de magistrados electorales, de cinco a tres.

Resumió el dirigente al catalogarlo de un blindaje para protegerse.
Lo anterior, ante la próxima instalación del Congreso local en la que Morena tendrá inobjetable mayoría de diputados.

No se deslindó de que pudiera haber un propósito de reformar la Ley Orgánica de la Cámara para implantar que la presidencia de la Junta de Gobierno sea rotatoria, punto que de ejercerse llevará a candentes discusiones.

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