La emergencia por la propagación del coronavirus (Covid-19) está llevando a la clase política a tomar decisiones inéditas. Ayer, el pleno del Senado de la República aprobó por mayoría el dictamen a la minuta que expide la Ley de Amnistía con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones. Ahora, el balón está en manos del Ejecutivo federal, que estaría listo para promulgarla y con ello autorizar la excarcelación de aproximadamente 5 mil personas que purgan delitos federales y que hoy están en riesgo de contraer el Covid -19. Esa decisión histórica por sus alcances y porque “solo se ha aplicado en cuatro ocasiones a lo largo del siglo XX en nuestro país”, según la senadora morenista Ana Lilia Rivera, presidenta de la comisión de estudios legislativos, se justifica por razones humanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2). Su misión fundamental es abonar al descongestionamiento de las prisiones para aminorar el contagio del Covid-19 y está dirigida a quienes hayan cometido delitos como interrupción del embarazo o aquellos contra la salud (por estupefacientes), considerados en el artículo 474 de la Ley General de Salud. Además, buscará que sean liberados quienes pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas, consumidores de narcóticos, quienes hayan cometido robo simple y sin violencia o delito de sedición en grupos políticos. Se trata, entonces, de una medida controvertida, pero que no obstante, no es nueva para el debate público nacional, pues ya tiene alrededor de una década que grupos progresistas propugnan por despresurizar a las cárceles liberando, precisamente, a personas que estén privadas de su libertad por delitos como los arriba mencionados. Si algo bueno queremos verle a la pandemia, aquí hay algo positivo. De filón. Y en Hidalgo, sorprendentemente el gobernador Omar Fayad Meneses se sumó a la ley proamnistía y envió desde el pasado viernes una iniciativa para llevar a terreno local la iniciativa que ayer avaló el Senado.

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