Analiza Concanaco ampararse contra leyes anticorrupción

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Pachuca. Tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el sector empresarial analiza las acciones legales, incluidos los amparos que pudiera interponerse derivado del artículo 32 y la adición de último minuto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contempla la obligación por parte de la personas físicas y morales que reciban recursos públicos o contraten con el gobierno para que presenten su declaración patrimonial y de intereses.
Esa fue la postura fijada la tarde de ayer por la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) y difundida en el ámbito local a través de sus representaciones en la entidad, Canaco y Canacope, que presiden Juan Bravo Aguilera y Ubaldo Ortega Perches.
Luego de la aprobación del SNA, ambos organismos empresariales indicaron que en México era impostergable contar con un mecanismo para combatir esa extendida práctica que representa un grave costo económico al país.
Por lo anterior, a nombre de Enrique Solana Sentíes, extendieron un reconocimiento a la sociedad por su participación activa en ese tema y al Poder Legislativo por aprobar las ocho iniciativas que conforman al SNA, dándole con ello a México una mayor certeza jurídica en ese problema.
No obstante, con respecto al artículo 32 y la adición de último minuto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contempla la obligación por parte de la personas físicas y morales que reciban recursos públicos o contraten con el gobierno para que presenten su declaración patrimonial y de intereses, la postura emitida es la siguiente:
“En cumplimiento a la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, al interior de la Concanaco Servytur se analizan las acciones legales, incluidos los amparos, que se pudieran interponer en torno a la afectación que implica para los particulares y para nuestras empresas este artículo.”
En ese contexto, se anunció que la confederación mantendrá un acercamiento constante y diálogo abierto con las y los legisladores, luego que los coordinadores de las principales bancadas reconocieron que la ley 3de3 fue aprobada con algunas imprecisiones en esa materia y que por consiguiente trabajarán para establecer claramente quién debe presentar la declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de interés.
“Consideramos que no se debe afectar a personas que son beneficiarias de algún programa social o a micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de productos y servicios al gobierno”, fue el pronunciamiento de Concanaco.
El organismo empresarial convocó a no exacerbar más los ánimos ni anteponer intereses personales que vayan en detrimento de la transparencia y el eficiente manejo y uso de los recursos públicos.
De acuerdo con la confederación el SNA representa un paso firme en favor del Estado de Derecho, indispensable para generar un ambiente de certidumbre que incentive las inversiones y, al mismo tiempo, propicie más y mejores empleos en beneficio del desarrollo económico del país.
“Estamos seguros y convencidos de que el SNA deberá seguirse perfeccionando con las experiencias que deriven de su implementación, sin dejar de atender las demandas ciudadanas”, concluyó la confederación.

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