Varias dependencias federales que, legalmente, tienen como fin el combate a la pobreza, pareciera que su encargo es precisamente el contrario: hacer que los millones de mexicanos que se encuentran en la pobreza o pobreza extrema no solamente no salgan de esa situación de “vulnerabilidad”, como hoy suele llamarse a la pobreza, por ser menos ofensivo para muchos oídos, sino que, además de su ya sufriente situación hay que hacerlos padecer las de Caín para que algo se pueda atender y resolver. Ejemplo de este maltrato gubernamental son dependencias como Sedesol, Sedatu y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya política durante el presente año ha sido bloquear los recursos para obra pública y programas sociales, manejo perverso que afecta a cientos de miles de mexicanos, y que en los días que corren están obligando a que ellos inicien una serie de protestas públicas para exigir a los titulares de dichas secretarías cumplimiento a su obligación constitucional.
Esta política contrasta con la que algunas dependencias del gobierno federal dispensa a grandes empresas con condonaciones que afectan los ingresos del gobierno, los cuales, obviamente, podrían servir para solventar grandes problemas de infraestructura básica o para instrumentar programas sociales de manera más efectiva. Por ejemplo, a decir de la organización Fundar, Centro de Investigación AC es sabido que en el actual sexenio se han dejado de cobrar unos 188 mil millones de pesos por cancelación de créditos fiscales. De acuerdo con dicha fundación, la cancelación de un crédito fiscal implica que la autoridad tributaria desista de la recaudación de un adeudo, ya sea porque su cobro resulta incosteable, o bien porque el deudor o los responsables solidarios son insolventes o no pueden ser localizados. “Desconocemos si la autoridad tributaria intenta recuperar los adeudos hasta el máximo de sus posibilidades antes de decidir cancelarlos. Esto es todavía más alarmante porque las personas que deben más, son a quienes principalmente se les dejan de cobrar sus deudas”(Fundar).
De las condonaciones en este último año, tan solo 10 personas morales (que equivale a uno por ciento de los contribuyentes que recibieron una condonación) se beneficiaron con un monto acumulado de 3 mil 616 millones de pesos, lo que representa más de 85 por ciento del monto total de condonaciones. “Cinco de los 10 contribuyentes están relacionados con la Corporación GEO, empresa de construcción y desarrollo de vivienda social que hace poco entró en concurso mercantil”. Según proceso.com.mx., otra de las grandes empresas beneficiadas en 2013 y 2015 fue Televisa: “el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó a Grupo Televisa un crédito fiscal por 3 mil 334 millones de pesos, lo cual permitirá a la compañía limpiar sus estados financieros y mejorar su imagen crediticia ante inversionistas”. También se vieron beneficiadas importantes empresas como Tv Azteca y Volkswagen.
El perdón fiscal otorgado a empresas morales durante este sexenio es equiparable al presupuesto total de las secretarías de Salud y de Agricultura, que recibirán, de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo para el próximo año, 121 mil millones de pesos y 62 mil millones, respectivamente.
Es decir, por un lado se regatea a los descamisados de esta nación hasta un sistema de agua potable, un hospital o una escuela y, por otro, se regalan, por la vía de la condonación, miles de millones de pesos a los que de por sí están nadando en dinero. ¡Vaya paradoja! Pero, además, pareciera que prácticamente todos los funcionarios de los distintos niveles de gobierno se encuentran alejados de la realidad social y económica que vive México, pues su actitud ante las carencias sociales de la inmensa mayoría de la población no se modifica: vemos funcionarios impávidos, con el mismo discurso de hace décadas, ante decenas de peticionarios y, lo que es peor, en muchos estados usando la fuerza pública como contención de la inconformidad social.
Pero el pueblo organizado en Antorcha, a pesar de esa política discriminatoria, del bloqueo oficial y de todas las agresiones y calumnias, reclamará atención y solución a las demandas de miles de comunidades marginadas y colonias populares, aunque, como señalé en alguna ocasión anterior, “seguramente habrá quienes aconsejen que se sigan ignorando las peticiones de los antorchistas, que consideren que atender sus demandas es ayudar a acrecentar su fuerza como organización pero, desde este modesto espacio, les digo que están equivocados, que resolver las demandas de los antorchistas es, en primer lugar, un acto de justicia social para millones de mexicanos y contribuir a atemperar la grave situación que viven y, en segundo lugar, resolver las demandas que abandera Antorcha es contribuir a generar un clima de paz social y de menor crispación, pues sí, precisamente, esos miles de mexicanos que se han sumado a nuestra organización lo hicieron así porque sus demandas y sufrimientos no encontraron eco en ninguna otra parte, ni institución pública, ni funcionario alguno; de manera que ocuparse ahora de ellas es, simplemente, atender lo que en su momento no se hizo”.

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