Tijuana.- En una sola tarde y con el voto de 12 diputados locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), el gobierno de Baja California comprometió las finanzas estatales por los próximos 40 años.

Los legisladores aprobaron un endeudamiento de 90 mil 210 millones 17 mil 429 pesos.

El monto es la suma del refinanciamiento de la deuda, la desalinizadora de Playas de Rosarito, el segundo piso en Tijuana, así como un fideicomiso para pagar pensiones acumuladas y deudas en el rubro educativo.

A esa cantidad habrá que sumar los intereses de los créditos que resulten de las tasas pendientes de determinar, y que fácilmente podrían representar el triple del monto de deuda contratado, según estimaciones fiscales.

De esa forma, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid dará cumplimiento a lo dispuesto en la ley federal al cubrir las deudas y compromisos de pago a corto plazo antes de dejar su cargo, pero a costa de un precio mayor para las siguientes administraciones estatales y para los bajacalifornianos.

El 28 de marzo, el Congreso inició sesión ordinaria con 18 legisladores. Durante un receso, la mesa directiva modificó el orden del día para incluir una iniciativa presentada por el diputado Ignacio García que incluía los tres decretos para autorizar el refinanciamiento de la deuda y los contratos de dos asociaciones público privadas (APP), los cuales habían sido enviados por el gobernador en noviembre y diciembre de 2018, así como en febrero de este año.

Debido a que la sesión inició con 18 diputados, 12 votos, menos de la mitad de los 25 legisladores que componen el Congreso, fueron suficientes para cumplir con las dos terceras partes y así lograr la aprobación.

En el caso del refinanciamiento, se autorizó al gobierno del estado adquirir un crédito por 12 mil 526 millones por hasta 20 años, pero no se definen pagos mensuales, comisiones, tasas ni la institución financiera con la que firmará el contrato.

De ahí que sea imposible calcular el costo real de la reestructuración de la deuda pública, cuya tasa de interés puede llegar hasta 8 por ciento, basado en otros créditos adquiridos por la administración estatal.

“Es una irresponsabilidad del Congreso, porque no tiene los elementos suficientes para permitir el endeudamiento; lo responsable hubiera sido ajustar gastos corrientes, estructura, celulares, gasolina y demás dentro del gobierno del estado”, opinó José Luis Padilla, presidente de la Canadevi.

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