Aprueban garantías contra bloqueos bancarios presentadas por diputada hidalguense

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Pachuca.-Con 353 votos a favor, 101 en contra y seis abstenciones, esta tarde la Cámara de Diputados aprobó dos reservas a la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito propuestas por la diputada hidalguense Lidia García Anaya; dicha iniciativa, modifica los procedimientos para el bloqueo de cuentas bancarias.

Las adecuaciones consisten en que la unidad de inteligencia financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), notifique por escrito a quienes hayan sido objeto de congelamiento de sus líneas bancarias. Asimismo, que después de la investigación que la UIF realice del dinero, y si proviene de recursos de procedencia ilícita, corresponda a la FGR su seguimiento.

Lo anterior, toda vez que en términos de la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional, le corresponde al Ministerio Público (MP) dar seguimiento y llevar un procedimiento ante la autoridad jurisdiccional, y no a la UIF.

Dichas modificaciones fueron validadas luego que el pleno aprobó el acuerdo emitido por los órganos de gobierno a fin de concluir la votación del dictamen de la comisión de hacienda y crédito público, suspendida en la sesión ordinaria del pasado 6 de noviembre.

El sentido del proyecto de decreto fue reformar la denominación del título quinto y adicionar un capitulo quinto al título quinto de la Ley de Instituciones de crédito, por lo que ahora la propuesta será devuelta al Senado de la República para los efectos correspondientes.

Tras la votación y como promovente de las reservas, García Anaya externó su beneplácito por el resultado y respetar lo discutido durante la sesión del pasado 6 de noviembre; pero “sobre todo por la congruencia de la junta de coordinación política y de la mesa directiva a la legalidad, trasparencia y respetar el reglamento de la Cámara”.

Dichas reservas, abundó, son en favor de los ciudadanos, empresarios y migrantes, pues en caso de existir alguna irregularidad en cuentas bancarias, es facultad de la Fiscalía General de la Republica (FGR) perseguir un delito que solo corresponde al Ministerio Público.

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