El miércoles 19 de junio el Senado de la República aprobó el T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá) y otros seis acuerdos paralelos con los que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con ello se manda un mensaje de buena voluntad a Estados Unidos, pero eso nos hace preguntarnos sí las decisiones que se están tomando son coyunturales o serán la regla para evitar inquietar a la hegemonía del norte, donde poco importa si se atenta o no con la soberanía nacional.

México nuevamente está siendo utilizado como rehén de los intereses electorales de Donald Trump, quien obligó hace unos días a negociar a su homólogo Andrés Manuel López Obrador para obtener beneficios electorales. Antes fue el muro, ahora es la migración y las medidas comerciales recién logradas el 7 de junio. Nuestro país debe estar preparado para los nuevos golpeteos que seguramente seguirán en el mediano plazo.

La experiencia histórica reciente con el mandatario estadunidense nos dice que no esperará 90 días para evaluar si cumplimos, sabe que presionar a nuestra nación le representa bonos electorales y no dudará en utilizar nuevamente esa estrategia. Los ilusos negociadores mexicanos consideran como una victoria a los acuerdos logrados, pero no saben que arreciarán los chantajes conforme vayan avanzando las elecciones estadunidenses y motivará la implementación de diversas medidas internas en nuestro país.

Por ejemplo, la movilización de la Guardia Nacional (GN) para la contención de la migración en el sur del país, que en principio se considera una medida legítima que cualquier nación puede emprender para salvaguardar sus fronteras.
Sin embargo, las medidas recién tomadas en materia económica y de seguridad son puro y llano uso de medidas dictadas al estilo del realismo político, donde se legitima la existencia de una nación poderosa que disciplina a las menos desarrolladas, quienes solo deben obedecer.

Es más, con el pretexto de contener la migración ya se están planteando medidas de control mucho más profundas y que estamos naturalizando, porque creemos que fortalecen las políticas para contener los flujos migratorios ilegales y evitan la inseguridad al viajar por el territorio nacional.

Esas medidas propuestas incluyen portar en todo momento documentos que identifiquen el tránsito ciudadano, así como revisiones sistemáticas de nuestras pertenencias para descartar que seamos parte de la oleada migratoria proveniente de Centroamérica o miembros de alguna banda delictiva. Sin duda, esas medidas atentan con los principios de libre movilidad en territorio nacional y promueven un control social más profundo en el ámbito político, porque las trayectorias y rutas que todo ciudadano mexicano quiera transitar serán supervisadas por las autoridades.

Ser crítico frente a las medidas implementadas de esta administración no es estar en contra del gobierno mismo, por el contrario, intentamos enunciar líneas para explicar la interdependencia compleja que tiene nuestro país con la nación del norte, donde una medida macroeconómica incide en las políticas internas que bien vale la pena revisar, debido a que ya otros países han endurecido sus controles sociales de supervisión y han caído en violaciones a los derechos humanos.

Debemos pugnar por un país seguro, que aplique medidas contra los actores ilegales, pero no se puede permitir homologar las medidas a toda la población partiendo del supuesto de que todos somos posibles delincuentes. El disciplinamiento social empieza con acciones que parecen inocentes, pero que a la larga devienen en medidas de control político, y eso, no debemos permitirlo.

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