Bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador, luego de concretarse acuerdo con Estados Unidos: “Han sido hasta ahora los siete días más intensos de mi gobierno”.

Y es que fue contundente, impositivo el anuncio de Donald Trump de aplicar aranceles a productos mexicanos que se venden en su país y que serían, a partir del lunes pasado, inicialmente de un 5 por ciento, con el riesgo de aplicar incrementos periódicos que podrían llegar a un 25, en octubre, salvo, más que condición, exigencia, de impedir flujos de migrantes hasta la frontera norteamericana.

En ese entorno, estaba el anuncio formal de que dos calificadoras, Fitch Ratings y Moody’s, bajaron expectativas de crecimiento para nuestro país. El panorama financiero no era para nada favorable.

Y la decisión de AMLO fue negociar, a través de una delegación que encabezó el canciller Marcelo Ebrard.

En lo que se esperaban respuestas, fueron más los señalamientos negativos contra el presidente mexicano, culpándole de ser débil, de plegarse a exigencias del mandatario vecino que no se identifica ciertamente por su cordura y fina sensibilidad.

Y finalmente se supo que no habría aranceles con el sustento de un compromiso de imponer barreras a quienes ingresaban a la República por el sur, y paralelamente impedir que llegaran al norte, como era la exigencia del nada comprensivo Trump.

Eso provocó, casi a la voz de ya, el desplazamiento de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, prioritariamente en 11 municipios de la frontera sur, aderezada con lo que parece un poco difuso pacto de ayudar a países centroamericanos, Guatemala, El Salvador y Honduras, para, revitalizándose económicamente, frenar la salida de sus coterráneos.

Lo cierto es que López Obrador no tenía otra salida, salvo de aceptar entrar a una lucha, no muy de iguales, aplicando a su vez cuotas a lo que, elaborado en EU, se compre en el país.

El desenlace de ser así parecía desigual, poco favorable para México.

Se manifestó que habría un plazo de 45 días, que ya corren, para constatar que se cumplían los puntos autorizados.

Y Trump, agregó, misteriosa, incisivamente, que hubo otro acuerdo “que oportunamente se difundiría”.

¿Cuál fue?, no se sabe. Pero, curioso, pese a las críticas contra el presidente López Obrador, reciente encuesta del periódico El Universal determina que siete de cada 10 mexicanos consideran que ha hecho un buen trabajo.

Ahora habrá que esperar el análisis de los 45 días, para que la nación tome rumbos hacia una estabilidad en todos los órdenes, lo que, sin duda, pese a opositores, es el deseo general.

Las defecciones

Y en lo que lleva de cumplido el mandato del político tabasqueño, se han presentado renuncias de diferentes mandos en esas complejas áreas del gobierno federal.

Se conocían las de Omar García, en la Agencia de Investigación Criminal; Felipe de Jesús Muñoz, Investigación de Delitos Federales; Josefa González, Semarnat; Germán Martínez, IMSS; Patricia Bugarín, subsecretaria de seguridad; Patricia Vázquez, consejera en el INEE; Simón Levy, subsecretario de turismo, y Clara Torres, encargada de estancias infantiles.

Y se sumó la de Jaime Rochín, comisionado ejecutivo de atención a víctimas.

Consideró que había cumplido su ciclo y que “era necesario fortalecer el equipo de personas asesoras jurídicas preparadas y bien pagadas en lugar de debilitarlo con medidas administrativas que devienen en la reducción de calidad de la atención de los casos y, por ende, en el agravamiento del complicado camino de las víctimas hacia la justicia”.

Lozoya no se presentó

Emilio Lozoya Austin no se presentó el martes, como se esperaba, ante el juez de control en el reclusorio norte ni ante el juez de amparo que le había otorgado una suspensión que evitaba que fuera detenido.

Su abogado Javier Coello Trejo dijo que el juez de control está obligado a informar del amparo que el exdirector general de Pemex conserva de esa forma la medida que lo protege de una posible aprehensión.

Pero además, Coello Trejo mantuvo en ascuas el sonado caso, dijo que se presentarán pruebas de que las acciones de Lozoya las avalaron los consejos de administración de Pemex y en acuerdo con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Fue más allá y citó que las pruebas también inmiscuyen a los entonces secretarios de Energía Pedro Joaquín Coldwell y de Hacienda, Luis Videgaray.

Para muchos el desenlace judicial “está a la vuelta de la esquina”, en tanto que otros apuestan por nuevas maniobras legales de su defensor para prolongar una posible detención del exfuncionario.

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