Sí interesa a hidalguenses el matrimonio igualitario

A mediados de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una tesis jurisprudencial que declaró inconstitucionales los códigos civiles de aquellos estados de la República mexicana en los que el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer que tiene como finalidad la procreación. La primera sala resolvió en la jurisprudencia 43/2015 que “considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social”. Es decir, según explica la jurisprudencia referida, vincular los requisitos del matrimonio con las preferencias sexuales y la procreación es discriminatorio porque excluye a las parejas homosexuales. La jurisprudencia, si bien histórica, pasó de noche para la mayoría de los estados de nuestro país. El problema es que los funcionarios públicos están obligados a enterarse de las resoluciones de la SCJN porque es su trabajo y porque esto tiene implicaciones en las instituciones que dirigen o administran. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de que fue emitida la tesis referida, estableció que la determinación de la SCJN abre la puerta para que en todas las entidades se reconozca el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, lo que significa un decisivo avance en la lucha para proteger y visibilizar los derechos fundamentales de todas las personas. Pero en Hidalgo el jefe del Ejecutivo estatal restó importancia a la necesidad de adecuar las instituciones y las leyes para hacer realidad ese derecho. Al respecto el gobernador Francisco Olvera declaró que no es un tema que interese: “creemos que todavía no es un tema que la sociedad hidalguense esté demandando”. La respuesta de organizaciones que luchan por la libertad sexual en la entidad no se hizo esperar. Mediante comunicado de prensa condenaron la postura del mandatario pues, interpretaron, fomenta fenómenos como la homofobia. Sostuvieron que las personas de la diversidad sexual “gozamos de los mismos derechos y obligaciones que las personas heterosexuales, ya que los derechos humanos no responden a caprichos de las mayorías, sino a las personas”. Acto seguido exigieron acción inmediata sobre el tema “y una respuesta favorable de parte del gobierno para atender sus solicitudes”. Ojalá que el mensaje llegue a quienes dirigen los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues no es preciso ni válido decir que no es tema que importe en la entidad cuando al menos hay ocho organizaciones civiles que pugnan por discutir la jurisprudencia y hacer los cambios pertinentes. De filón. Para la elección de diputados se registró solo la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza. ¿Será un día de campo la elección de diputados?