Asociaciones acuerdan frente común contra despojo de tierras y proyectos privatizadores

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Durante el primer foro En defensa del agua y del territorio en Hidalgo

Pachuca

En la capital del estado fue realizado el primer foro En defensa del agua y del territorio en el estado de Hidalgo, con participación de organizaciones sociales que informaron sobre las problemáticas sociales que viven en su localidad.
Ahí, se pronunciaron contra todas las formas de contaminación, privatización y despojo del agua, la tierra y el territorio. Denunciaron la privatización del líquido a través de la Ley General de Aguas propuesta por el gobierno federal para beneficiar a las empresas privadas.
La actividad fue efectuada en la Fundación Arturo Herrera Cabañas y asistieron integrantes de organizaciones, como Comunidades Unidas de Zimapán, Asociación por la Protección de la Tierra y Bienestar de Epazoyucan, Red Indígena Ñañu, pobladores y estudiantes de la Universidad Intercultural de Tenango de Doria, Movimiento Indígena de Santiago de Anaya, entre otras.
Dialogaron y analizaron el panorama que se gesta a partir de la imposición de proyectos que contaminan y despojan el territorio de los pueblos, en especial el de las comunidades indígenas. Todo esto promovido por los tres niveles de gobierno y las empresas privadas.
La convocatoria de este primer foro se dio en momentos en el que se pretenden imponer diferentes megaproyectos en la región como el gasoducto Tuxpan-Tula en la zona Otomí-Tepehua, de la empresa Transcanada; el tiradero de jales productos de la minera en Epazoyucan y nuevas represas de jales cerca del poblado San Miguel, en Zimapán.
Durante la actividad acordaron luchar contra todas las formas de violencia en perjuicio de las comunidades y los pueblos originarios, especialmente ante despojos de la tierra y el territorio que promueven las políticas gubernamentales.
Denunciaron la imposición del gasoducto Tamazunchale- El Sauz de la empresa Transportadora de Gas de la Huasteca, la instalación de Cementos Fortaleza en Santiago de Anaya, la devastación ambiental producto de la minería en las localidades indígenas de Zimapán y el saqueo de su agua para abastecer a la zona industrial de Querétaro a través del acueducto dos.
Acordaron profundizar el trabajo en comunidades desde distintos foros y talleres directamente con los pueblos afectados. Se decidió formar un frente de lucha en común con la finalidad de combatir el divisionismo y de esa forma lograr unidad entre comunidades para una defensa real de la salud, la vida y los bienes naturales de todos los pueblos.

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