Atenderá gobierno estatal indemnización de expolicías

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Los afectados fueron acusados de colaborar con el crimen organizado
Los afectados fueron acusados de colaborar con el crimen organizado

DANIEL MARTÍNEZ
Tulancingo

Seis expolicías municipales, así como el padre de uno de ellos, fallecido hace unos meses, recibieron compromiso del gobierno del estado para revisar solicitud de pago de sueldos caídos, durante el tiempo que estuvieron encarcelados, acusados de colaborar con el crimen organizado.
La reunión fue atendida por Alberto Escamilla Vital, subsecretario general de gobierno estatal, quien conoció detalles de nueva demanda presentada el 25 de mayo, exigiendo el pago de lo que consideran sueldos caídos, con montos individuales de entre 500 mil y un millón de pesos.
Los exservidores públicos fueron detenidos en junio de 2010 por agentes de la Policía estatal, acusados de colaborar con el crimen organizado, por lo que fueron recluidos en cárceles federales hasta diciembre de 2014, tras obtener amparo indirecto, al detectarse vicios legales, tanto en la detención como en el proceso legal.
En el encuentro, indicaron que a partir de su excarcelamiento ha sido complicado encontrar un modo de vida, e incluso uno de sus excompañeros perdió la vida a inicios del presente año, cuando trabajaba como albañil y cayó de un cuarto piso.
Escamilla Vital giró instrucciones para recibir la documentación que sustenta la demanda legal de pago de sueldos, para la revisión por parte de la consejería jurídica del gobierno del estado, y a partir de ello, establecer respuesta a la petición.
Dijo a los expolicías que a partir de la reunión, llevada a cabo el viernes en palacio de gobierno, existirá encuentro constante para revisión de los avances en el análisis jurídico de la documentación y, en general, de los detalles del caso.
En cuanto a las torturas que indican haber sufrido para obligarles a confesar supuesta colaboración con el crimen organizado, también será revisado el expediente, el cual se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La demanda fue presentada el 25 de mayo, exigiendo el pago de lo que consideran sueldos caídos, con montos individuales de entre 500 mil y un millón de pesos

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