LEYLA CHÁVEZ

Pachuca.- En México, el 13 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma diversas disposiciones de ocho leyes generales para incorporar, en el marco de los derechos políticos y electorales, el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Su entrada en vigor, al día siguiente, exige a los poderes locales y órganos de gobierno municipales, iniciar el proceso de armonización legislativa para que lo dispuesto en esa importante reforma tenga el efecto necesario: que el Estado mexicano, en conjunto con la sociedad, garantice el ejercicio libre de violencia de los derechos políticos y electorales de las mujeres.

La histórica e inquebrantable lucha de las mujeres en nuestro país se materializa en el esfuerzo conjunto de las comisiones de género del Congreso de la Unión, que desde 2012, senadoras y diputadas iniciaron un trabajo muy duro de debates e iniciativas legislativas para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que participan en política.

Las ocho leyes que forman parte de la reforma:

  1. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
  2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
  3. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
  4. Ley General de Partidos Políticos
  5. Ley General en Materia de Delitos Electorales
  6. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
  7. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
  8. Ley General de Responsabilidades Administrativas

¿Qué sucede con las hidalguenses en ese ámbito?

En el caso de Hidalgo, es necesario destacar que en ese tema, su código electoral (última reforma del 9 de septiembre de 2019) ya considera de manera precisa las conductas y manifestaciones constitutivas, entidades responsables y las sanciones correspondientes.

Entre las sanciones está la pérdida del derecho a obtener el registro en precandidatura o candidatura, incluso con su cancelación de haberse otorgado, así como la pérdida de registro y reducción del financiamiento público hasta en 50 por ciento –según la gravedad de la falta– para los partidos políticos locales que incurran en violencia política contra las mujeres en razón de género.

Sin embargo, habrá que revisar el contenido de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia local, para integrar a su definición prevista desde el año 2018, elementos esenciales como la esfera de ocurrencia (pública y/o privada), las personas perpetradoras, pero, sobre todo, especificar lo que se entiende por “razón de género”; asimismo, modificar las normas que deben observar el principio de paridad y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres.

¿Qué destaca en la reforma?

Además de contar con una definición base de violencia política que aplica dentro del proceso electoral o fuera de ese, incluye la violencia simbólica y la reparación integral del daño que considera “medidas de no repetición”, una disposición fundamental en el campo de la defensa de los derechos humanos. Por lo que resulta relevante la propuesta de conformar la “base estadística nacional de violencia política contra las mujeres en razón de género.”

Al ser los partidos políticos una pieza importante en los procesos democráticos del país, su vida interna se transforma para garantizar el principio de paridad en la integración de sus órganos e informar cada trimestre el presupuesto público destinado a la promoción y desarrollo político del liderazgo político de las mujeres.

Cuando la violencia es contra pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, se incrementará la sanción.

Se convierte en un requisito para los cargos de diputación federal o senaduría no tener condena por “el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

De forma histórica esas sanciones implicarán reducción del financiamiento público de los partidos políticos y cancelación de su registro en casos de graves y conductas reiteradas.

¿Por qué es importante una transformación?

La imposibilidad de que las personas accedan a sus derechos en condiciones de libertad e igualdad política quebranta la calidad de la democracia y la legitimidad de sus instituciones. Fortalecer el marco normativo que garantice el ejercicio pleno del poder político y la ciudadanía a la mitad de la población, se convierte en un gran progreso social.

Leyla Chávez Arteaga

Se construye todos los días como feminista y activista por los derechos humanos. Le gusta compartir saberes en los talleres y cursos que diseña con mucha emoción. Hace acompañamientos a mujeres y niñas en situación de violencia. 
Junto con otras activistas a las que admira, integró Cícloris Rodada, un grupo de mujeres que usan la bicicleta como medio de emancipación del cuerpo y de reapropiación del espacio público en Pachuca. 

Es instructora certificada en programas de acondicionamiento físico, una actividad que la hace muy feliz porque le permite conocer personas maravillosas. Ama a los gatos y el café. 

En otra faceta, quizá menos emocionante, ha trabajado en instancias gubernamentales de Hidalgo, Estado de México y Oaxaca. Actualmente, como gran necia que es, estudia el doctorado en Ciencias Sociales en la UAEH y su trabajo de investigación es sobre la violencia política contra las mujeres indígenas en Hidalgo.

Recientemente, acreditó el Curso de Verano en Estudios de Género de El Colegio de México y participó en el “Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe sobre justicia: crítica de los sistemas penal y penitenciario, hacia una justicia feminista”, celebrada en Quito, Ecuador.

Pero lo más importante para ella, es que siempre lleva a su familia y amistades en su rebelde y feminista corazón.

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