Periodista desde hace cuatro décadas, propietario del sitio web El Demócrata Norte de México, colaborador de distintos medios informativos de Coahuila y Durango, Juan Monrreal López está en peligro de muerte por ejercer el periodismo en la región donde vive: la zona conurbada Torreón-Gómez Palacio, Durango, una de las demarcaciones más invadidas por el narcotráfico y grupos empresariales ligados a la delincuencia organizada.
Monrreal ejerce el periodismo de manera diferente que el resto de sus colegas de la región: investiga, cuestiona y toca los intereses más sensibles de los políticos y empresarios presuntamente ligados con el narcotráfico y el lavado de dinero. Al amparo de la impunidad y el ejercicio desmedido del poder, muchos de ellos han acumulado fortunas descomunales. Y con poder político y dinero se sienten dueños de la vida de los otros.
Las amenazas de muerte y/o de encarcelamiento en contra de Juan Monrreal derivan precisamente de haber tocado los intereses de una familia poderosa: los hijos del empresario finado Carlos Herrera Araluce, quien fue alcalde de Gómez Palacio, Durango, en dos ocasiones, dueño de la empresa Chilchota, quien en 2007 estuvo a punto de morir ejecutado cuando un grupo de sicarios presuntamente relacionados con los Zetas lo atacó a balazos junto con su esposa. Como consecuencia del atentado, Herrera Araluce perdió tres dedos de una mano. Desde ese momento vivió encerrado en su residencia de la colonia Las Rosas hasta que murió en marzo de 2016.
Herrera Araluce fue un empresario muy emprendedor en la década de los setenta: construyó el parque industrial que ahora lleva su nombre, impulsó su empresa –Chilchota –una de las más boyantes productoras de quesos en La Laguna y fue precandidato fallido a la gubernatura de Durango. Sin embargo, su exitosa vida en los negocios siempre estuvo bajo sospecha: en no pocas ocasiones se le relacionó con el narcotráfico y el lavado de dinero, actividades que él siempre negó, pero tuvo que cargar como un estigma.
Tras su muerte en marzo de 2016, el poder empresarial y político lo heredaron sus hijos Carlos Manuel, Ernesto y Leticia Herrera Ale, ésta última actualmente es alcaldesa de Gómez Palacio, Durango. Ella ejerce el poder al más puro estilo de su padre, según cuentan quienes la conocen: con prepotencia, con abusos de autoridad, con imposiciones y hasta con desprecio hacia los propios miembros de su partido, el PRI. Es el trato que saben dar quienes no solo carecen de todos los valores sino que se sienten intocables.
En su afán de ser candidata al gobierno de Durango, se ha peleado con el presidente del PRI Enrique Ochoa Reza, también con el gobernador de Durango José Rosas Aispuro, quien como candidato cargó a cuesta la mala fama –en buena medida promovida por Leticia Herrera –de tener vínculos con Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera. Según Monrreal, Leticia Herrera se encargó de circular la versión de que debido a ese vínculo Rosas Aispuro dispuso de mucho dinero en su campaña política.
Según las investigaciones periodísticas de Juan Monrreal, Leticia Herrera se quedó con las ganas de ser la gobernadora de Durango, pues no pudo doblar al entonces mandatario Jorge Herrera Caldera. “Leticia no era gente de las simpatías de Jorge Herrera”, dice Monrreal, por lo que la hija de Carlos Herrera comenzó a golpear a los aspirantes que le llevaban ventaja, entre ellos a Esteban Villegas, delfín de Herrera Caldera, quien perdió la gubernatura.
La pugna política llegó hasta el gabinete federal, particularmente hasta el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien a través de sus contactos metió orden en ese grupo político. El manotazo de Videgaray fue tan severo que les mandó decir a Leticia Herrera que si no se disciplinaba ordenaría una auditoría a la empresa Chilchota y que acabaría con la compañía en 30 días, aludiendo presuntos malos manejos fiscales, por decir lo menos.
De esa manera se puso fin al conflicto político. La gubernatura la ganó Rosas Aispuro y a Leticia Herrera le concedieron la presidencia municipal de Gómez Palacio, posición que se ha convertido en un feudo familiar. No conforme con ello –cual ave de tempestades –tan pronto llegó al poder abrió otros frentes de guerra, ésta vez en contra de los tres expresidentes municipales Ricardo Rebollo Mendoza, Rocío Rebollo, y José Miguel Campillo. A todos ellos Leticia Herrera los acusó de haber incurrido en actos de corrupción y enderezó en su contra una dura campaña en medios de comunicación deslizando amenazas e intimidaciones.
Parece claro que lo que Leticia Herrera quiere es más poder y dinero, pues logró negociar con José Miguel Campillo, quien le habría entregado bienes patrimoniales del municipio de Gómez Palacio, entre otros, terrenos, edificios y la hacienda pública. Y todo ello se hizo como si se tratara de una transacción entre particulares.
Al igual que su padre, Leticia Herrera ya arrastra con una muy mala fama por rodearse de presuntos pillos. De acuerdo con las columnas de Juan Monrreal, está rodeada de personajes relacionados con el crimen organizado. Un caso escandaloso –dice— es el de Francisco Bardán, oficial mayor del ayuntamiento de Gómez Palacio.
Este personaje tiene historia: en el año 2000 fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) con cocaína, mariguana, droga sintética y rifles de alto poder. En ese tiempo fungía como director de Alcoholes del ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, y operaba bajo las órdenes del entonces alcalde Oscar Pimentel, quien al darse cuenta de la aprehensión de su empleado procedió a darlo de baja.

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