Auditorías, camarería y otros lodazales

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editorial

El desfalco por 663 millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) estaría relacionado con un personaje en particular, los demás gozan de la inmunidad que otorgan los compromisos transexenales: el exsubsecretario de finanzas, Pablo Pérez Martínez. La persecución internacional, la Interpol emitió ficha roja, contra quien fue el hombre fuerte de las finanzas en la SEPH en las dos últimas administraciones estatales, demuestra que el exfuncionario debe pisar un tribunal de inmediato. Pero mientras eso ocurre, salta una duda: ¿por qué el gobierno de Omar Fayad no va contra Miguel Cuatepotzo y Francisco Olvera?, ¿por qué el Congreso local no destraba el exhorto del Partido Acción Nacional (PAN) para que el exmandatario comparezca por irregularidades en su administración? La sencilla respuesta es que se trata de dos peces gordos que saborean la protección del sistema. ¿Acaso un gobernador y un secretario de Educación no conocían el lodazal que percudía a una de las dependencias más importantes financiera y estructuralmente? Para muestra, el nepotismo que se fraguó en la contratación de despachos externos de auditores. Recientemente la Secretaría de Contraloría detectó opacidad tanto en la contratación, como en la prestación del servicio de auditores externos, como previamente denunció el Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo (CCPEH). Este acusó a Pablo Pérez Martínez, ahora prófugo, de ser el representante legal de despachos beneficiados con auditorías externas en la recta final de la administración de Francisco Olvera Ruiz. El CCPEH manifestó que las firmas beneficiadas no eran colegiadas ni certificadas, por lo que no tenían la capacidad de realizar auditorías, lo que ocasionó que el colegio quedara rezagado en la asignación de auditorías externas. La investigación realizada por la contraloría obligó a reasignar ocho contratos, que, en tiempos de austeridad y de apretarse el cinturón, implicó un ahorro de 1.5 millones de pesos para la administración estatal. En ese proceso cabe preguntar si la excontralora, íntima colaboradora de las últimas administraciones y actual notaria pública cinco con sede en Tizayuca, Flor López González, tampoco sabía de las triquiñuelas malhechas por parte de los auditores contratados. Una vez detectadas las irregularidades y recuperado el dinero malversado, sigue ir por los responsables de alimentar con camarerías al monstruo de mil cabezas, complicidad que deberá ser perseguida, si lo que se quiere es credibilidad del gobierno anticorrupción. De filón. A punto de concluir el año, la SEPH deberá acelerar la entrega de presupuesto para infraestructura en universidades, de lo contrario la visita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será para pedir prórroga en la ejecución del recurso.

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