Ausencia de voluntad legislativa, obstáculo principal para aborto: CIMAC

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En el país se han presentado 40 iniciativas para despenalizarlo, no obstante, no han pasado a su aprobación

Pachuca.- De acuerdo con el estudio “Castigar la libertad. La criminalización del aborto en México”, que realizó la agencia de periodismo con perspectiva de género CIMAC, en el país se han presentado 40 iniciativas para despenalizar el aborto, no obstante, no han pasado a su aprobación, su principal obstáculo es la voluntad política de los aparatos legislativos.

En el panorama, solo las mujeres de la Ciudad de México y Oaxaca pueden ejercer sus derechos reproductivos sin temor a ser criminalizadas; para el resto, hacerlo es un delito. En Hidalgo, el año pasado fue impulsada una iniciativa para reformar el código penal, no obstante, no hubo aprobación del Congreso.

Con 10 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones, el Congreso de Hidalgo rechazó la iniciativa.

En contra de la aprobación de la iniciativa votaron tres diputados del Partido Acción Nacional (PAN), ocho de Morena, dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno del Trabajo (PT) y uno de Nueva Alianza.

En el resto del país, los obstáculos son varios, ya sea porque no existe ley que lo permita, o acceso a servicios de salud por negación del gobierno o por ausencia de profesionales que realicen los procedimientos.

Además, uno de los ejes que requiere más impulso es el de la despenalización social, ya que aunque existen algunas causales permitidas, pesan más los prejuicios sobre las mujeres, por lo que hicieron un llamado a impulsar acciones que las libere, no solo en lo penal sino desde la opinión pública.

La serie de 10 reportajes demuestra, a partir de datos oficiales, sentencias y testimonios, que castigar el aborto perjudica la salud y la vida de las mujeres, mientras que garantizarlo como una política pública contribuye a que construyan su autonomía y decidan sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida sin condenarse a una maternidad forzada.

Solo las mujeres de la Ciudad de México y Oaxaca pueden ejercer sus derechos reproductivos sin temor a ser criminalizadas

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