El gobierno de Omar Fayad Meneses está decidido a gastar menos en lo que a operación se refiere, esto es, salarios, automóviles e incluso oficinas completas que están en proceso de desaparecer. En entrevista, el secretario del Despacho del Ejecutivo estatal Israel Félix Soto explicó que como parte del programa de austeridad el gobierno dejará de pagar servicios a funcionarios que no sean indispensables. Abundó que, de lo que se trata, es optimizar los recursos y hacer eficiente la labor de todas las áreas de seguridad, salud y empleo. Incluso, Félix Soto adelantó que el gobierno estatal pretende cambiar, por ejemplo, el programa de uniformes escolares de modo que, en lugar de entregar “el pantalón típico” que usan los alumnos, darles uno de mezclilla, suponemos que porque es mayor su resistencia. Con estas acciones se ve un propósito de, efectivamente, encabezar un gobierno austero. Pero, ¿cuál es el otro lado de la austeridad? Al llevar a cabo un plan de esa naturaleza, el gobierno estatal debe cuidar y prever los derechos laborales de quienes serán despedidos. Este diario recibió quejas del personal que trabajaba en la oficina de representación de Hidalgo en la Ciudad de México por las pésimas formas en que han sido notificados sobre su despido. Denunciaron, por ejemplo, que fueron citados un par de días para recibir alguna contrapropuesta laboral y que, después de seis y 10 horas de espera, no tuvieron más respuesta que promesas que no fueron cumplidas. Tampoco han recibido información sobre las prestaciones a las que tienen derecho por su despido, como el aguinaldo proporcional que les corresponde. En tiempos de austeridad como los que vivimos, es correcta la política que emprende el nuevo gobierno del estado. Pero no debe olvidar respetar los derechos y dar un trato digno a las y los trabajadores. De filón. De la alarmante inseguridad que vive nuestro país, ya nadie se salva. Escritores, sacerdotes, empleados de empresas trasnacionales; cualquier familia, sea la que vive en una colonia modesta o aquella cuyo domicilio se encuentre en un exclusivo fraccionamiento está en la mira. ¿Hasta dónde tienen que empeorar las cosas antes de que las autoridades encargadas de la seguridad emprendan un cambio radical, una política que contrarreste la descomposición que vivimos?

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