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La universidad, aseguraba Justo Sierra, tiene “encomendada la realización de un ideal político y social que se resume así: democracia y libertad”. En efecto, la democracia presupone tres condiciones: libertad de pensamiento, libertad de expresión y policentrismo. La libertad de pensamiento postula que el individuo puede beber libremente de todas las fuentes del pensamiento, basándose en un anhelo de verdad y de respeto por la verdad. La libertad de expresión encuentra su natural continuación en la libertad de organizarse para propagar lo que tenemos y queremos decir. La estructura de los medios de comunicación que caracteriza a las democracias es una estructura policéntrica, de muchos centros. En esa breve caracterización de la democracia la condición que la articula es la libertad. La universidad por su propio carácter es libertaria, libertad del otro para expresar ideas o asumir valores, es decir, la tolerancia por el otro. Sin embargo, la universidad tiene límites de la tolerancia, ¿se puede tolerar todo? Bobbio decía con razón: “La tolerancia absoluta es pura abstracción”. La tolerancia, por tanto, marca límites y excluye de su seno lo que no puede ser tolerado. En el caso particular de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (y desde luego, para la universidad pública de la nación), lo que no puede ser tolerado es el intento autoritario por afectar la autonomía universitaria. La agresión que ha sufrido la autonomía de nuestra casa de estudios es muy grave y, por supuesto, condenable; en este punto bien vale recuperar un texto de Marx publicado el 16 de octubre de 1842, donde explica que las ideas son más amenazadoras que la lucha práctica. En nuestro caso, el puro planteamiento gubernamental expresa una amenaza grave en contra de la vida institucional, académica y pensante de nuestra casa de estudios. El espíritu autoritario suele presentarse periódicamente en el comportamiento de la política y los políticos, no se debe olvidar, por ejemplo, la provocación realizada por el gobierno de Echeverría en contra del entonces rector Pablo González Casanova, circunstancia que lo obligó a renunciar en 1972 a la rectoría. Esa, como muchas provocaciones son tentaciones permanentes del poder por acallar la voz propositiva, pensante y crítica de la universidad pública. Para denunciar y frenar ese comportamiento, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) emitió en 2012 la declaración de Guadalajara sobre autonomía universitaria. Dicha declaración precisa en el apartado número cuatro “garantizar el financiamiento público de la educación superior como un derecho constitucional que corresponde observar más allá de la aplicación de criterios político-gubernamentales de carácter interesado. En otras palabras, la exigencia de rendición de cuentas a la universidad no debe utilizarse como pretexto para coartar la autonomía universitaria de ninguna manera, exigencia que no va en menoscabo de nuestro compromiso con la calidad en el ejercicio de nuestras funciones”. La importancia de ese pronunciamiento es que le concede la razón histórica y el valor ético a la lucha emprendida por la Autónoma de Hidalgo.
La defensa de la autonomía universitaria es un concepto del que se ha apropiado no solo la comunidad universitaria, también la sociedad hidalguense, ese colectivo social se reconoce en nuestra institución, aceptando que su universidad es un agente de cambio, transformación y movilidad social; esa identidad sociedad-universidad solo es posible en una institución que haya construido y disponga de una imagen fuerte del “nosotros”, como actor colectivo, que está en capacidad de determinar su propia marcha y dirección. De esa manera se construye la relación nosotros-universidad como un poder social capaz de demandar y defender la autonomía.

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