El pasado 3 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió proteger a la UAEH contra la reforma que la pasada legislatura de Hidalgo hiciera para instalar un órgano de control interno para la vigilancia, evaluación y confirmación de las funciones sustantivas y adjetivas de la UAEH, que implicaba una flagrante violación a la autonomía universitaria.

Eso no significa un cheque en blanco para la UAEH, puesto que está sujeta a las disposiciones aplicables, y sobre todo a las del Sistema Nacional Anticorrupción, todo acto fuera de norma es observable, ante la prevalencia de la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual ha cumplido cabalmente la UAEH.

Con esa decisión, la SCJN crea un precedente ante las violaciones, de intención y de hecho, no solo a la autonomía universitaria de la UAEH, si no a la de todas las universidades públicas.

La UNAM fue la primera a la que se le otorgó la autonomía, el 10 de julio de 1929, el 7 de noviembre de 1938 correspondió la autonomía a la Universidad de Yucatán, siendo las dos primeras universidades públicas con autonomía, el 25 de febrero de 1961 se publicó el otorgamiento de la autonomía a la UAEH. Son 32 universidades públicas autónomas formales o de jure y tres más cuya autonomía es de facto, por ello, la decisión de la SCJN es de impacto nacional.

La reforma al artículo tercero constitucional del 9 de junio de 1980 eleva la autonomía a rango constitucional, con el propósito de que cuente con las condiciones básicas inmodificables e intemporales para cumplir con su alta responsabilidad social.

Tres vertientes contempla la autonomía: La autorregulación, sin dejar de ajustarse a las de orden nacional, establece las normas que regulan la designación de sus directivos; la segunda la autoorganización académica, para definir sus programas educativos, considerando que la educación media superior y superior son un derecho humano, en función del interés nacional; y la última, la autogestión administrativa, que se refiere al libre manejo de sus recursos presupuestales observando las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

La investigación y el desarrollo científico-tecnológico, que a la luz de su autonomía realizan las universidades, hoy toman una relevancia a nivel de seguridad nacional, dado que garantizarán la independencia tecnológica como ruta a la productividad y a la competitividad de los pequeños productores, manufactureros y del campo, que constituyen el 98 por ciento de nuestra estructura productiva.

Los acelerados y complejos avances científicos, tecnológicos y de innovación han sido de alto impacto en toda la sociedad humana, abriendo una brecha cada vez más profunda, entre las naciones, por un lado las dueñas de la tecnología a través de la propiedad intelectual, produciendo bienes y servicios con alto contenido de conocimiento, dominando los mercados.

Del otro lado están las naciones tecnológicamente rezagadas, con baja inversión en I+D (como México) por lo que sus productos son de bajo valor agregado; las consecuencias son, la dependencia de las transnacionales, la marginación y la pobreza.

El neoliberalismo como el que ha venido aplicando México desde la década de 1980 ha puesto a las empresas transnacionales en el centro de la economía mexicana, apropiándose de los mercados, privatizando todo, incluso los derechos humanos como el agua, la salud y, claro, ya registra avances con ese propósito en la educación, sobre todo en la de nivel superior.

Los pequeños productores, tanto manufactureros como del campo, requieren de prácticas productivas innovadoras, para ello, necesitan desarrollar sus capacidades tecnológicas y organizacionales, que implica la participación de mano de obra calificada.

Lo anterior solo será posible si, y solo si, las universidades públicas, dando cumplimiento al sentido social que establece su autonomía, se articulen en una simbiosis de transferencia tecnológica y de conocimientos, con los pequeños productores, construyendo ecosistemas regionales productivos innovadores de alta competitividad.

La autonomía universitaria es un derecho humano y el nutriente esencial de la vida de toda universidad pública, para hacer de la ciencia y la tecnología la columna vertebral de nuestra independencia tecnológica y de un desarrollo sustentable con equidad social. Quien esté en contra de la autonomía universitaria, está en contra de México, ¿no lo cree usted así?

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