Ciudad de México.- Autoridades españolas autorizaron la extradición a México del empresario Alonso Ancira Elizondo, un año después de su captura. El coahuilense es investigado por supuestos delitos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.

De acuerdo con fuentes anónimas citadas por los periódicos Milenio y La Jornada, la decisión fue tomada por la Audiencia Nacional de España, quien tras pagar un millón de euros de fianza, se encuentra en libertad.

La Jornada informó que aún faltan diversos trámites judiciales para que la extradición sea concretada y el empresario también puede presentar un recurso de amparo.

Anciara Elizondo fue detenido el 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto español de Palma, en Mallorca. Se negó entonces a ser extraditado, y pidió su libertad. La operación estuvo a cargo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia expuso que la captura se logró gracias a una denuncia presentada el 5 de marzo por parte de la Apoderada Legal de Pemex, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa del Estado”.

Al momento de su detención, Ancira “había comprado un vuelo comercial y algunos agentes enviados por la oficina de la Interpol mexicana se encontraban esperándolo en el aeropuerto de Barajas”, según información policial a la que tuvo acceso el diario español El País.

Ese mismo día, se dio a conocer que un juez federal también había girado órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin, el hombre asignado por Enrique Peña Nieto como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante su mandato.

A finales de mayo de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas de Emilio Lozoya y de su hermana Susana Gilda, así como las de Ancira Elizondo.

De acuerdo con la UIF, el bloqueo de las cuentas se debió a la recompra que hizo Pemex, a un supuesto sobreprecio, de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría chatarra o inservible, que estaba en poder de Altos Hornos de México, propiedad de Ancira, la cual ocurrió en 2014 durante la administración de Lozoya Austin.

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