Después de un largo proceso de negociación, el Congreso de Hidalgo aprobó la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, en concordancia con un proceso nacional que pretende disuadir la comisión de delitos por parte de servidores públicos en todos los niveles de gobierno. En el Congreso local la controversia que mantuvo un mes detenida la reforma fue el método mediante el cual será seleccionado el fiscal anticorrupción estatal. Después de varios días de discusión, ayer los diputados aprobaron por unanimidad la reforma, lo que implica que también avanzó el método motivo de discordia. Según el diputado panista Luis Baños, quien encabezó las negociaciones por parte de la oposición en el Congreso, la iniciativa aprobada ayer permite abrir la elección del fiscal anticorrupción a la sociedad. El mecanismo permitirá que el Congreso publique una convocatoria abierta y que después seleccione y proponga una lista preliminar de 10 aspirantes. Posteriormente, el Congreso la enviará al jefe del Ejecutivo estatal para que éste a su vez regrese una terna de finalistas. Al final, el Congreso votará por quién ocupará el cargo de fiscal anticorrupción estatal. Según el diputado Baños, de esa manera no será fácil que el titular del Ejecutivo estatal designe a un fiscal anticorrupción a modo y además ponderó que el sistema anticorrupción cumple con los requisitos que hacen que Hidalgo cuente con una reforma satisfactoria, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Esta reforma es trascendental para Hidalgo porque es uno de los principales compromisos del actual gobernador Omar Fayad, quien durante su toma de protesta como mandatario, advirtió que lucharía de manera frontal contra la corrupción. Ahora nos toca a los ciudadanos vigilar cómo será el proceso de selección del fiscal y, sobre todo, ver que funcione este sistema de pesos y contrapesos. De filón. En Cardonal, el gobernador Omar Fayad Meneses anunció la estrategia que su gobierno y autoridades federales y municipales implementarán para garantizar la seguridad de unos 2 millones de visitantes que, se calcula, vendrán en Semana Santa. Es imperativo que el gobierno mande una señal de tranquilidad y seguridad, pues de lo contrario los turistas decidirán irse a otros destinos. Este hecho lastimaría seriamente la economía del Valle del Mezquital, lugar donde el movimiento antigasolinazo dejó un halo de inestabilidad que no ha podido superar la entidad.

Comentarios