Reveló la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2019 del Inegi

Pachuca.- Derivado de las acciones de prevención de los actos de corrupción en trámites gubernamentales y acciones de los servidores públicos, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2019 del Instituto Nacional de Geografía (Inegi), colocó a Hidalgo en el sexto lugar nacional en la reducción de los actos de corrupción, avanzó 21 lugares desde el inicio de la administración del gobernador Omar Fayad Meneses.

El reporte manifiesta que el estado escaló 16 lugares en lo referente a la tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, pasó de la posición 22 en el 2015 al número seis en el 2019. Ese resultado deriva de la cero tolerancia a la corrupción que el mandatario estatal ha manifestado desde inicios de su administración.

Dicho logro está sustentado en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, la reforma a las leyes secundarias y la mejora regulatoria, que contempla trámites y servicios simplificados, además procura que la sociedad obtenga mayores beneficios con los menores costos posibles.

La mejora está reflejada en la Secretaría de Contraloría en la digitalización de servicios como la obtención del registro de proveedores y contratistas; así como en herramientas que evitan daños al erario público en temas de procedimientos de contratación.

Para obtener ese resultado, el gobierno de Hidalgo, por medio de la Secretaría de Contraloría, ha ejecutado diversas estrategias para que los servidores públicos se conduzcan conforme a los valores y principios que rigen a la administración pública, además de fomentar la cultura de la denuncia, a través de los módulos itinerantes que están instalados en dependencias, instituciones médicas, educativas y entre otras.

La participación ciudadana es uno más de los mecanismos que fomentan la reducción del indicador de la corrupción, ejemplo de ello es el Premio Nacional de Contraloría Social que otorga la Secretaría de la Función Pública y el cual obtuvo el estado de manera consecutiva en 2018 y 2019.

A esas acciones se suma la implementación del control interno en las diferentes dependencias y entidades del gobierno estatal para la identificación de riesgos y mitigar la materialización de los mismos, así como la ejecución de procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que cometan actos de corrupción.

El reporte manifiesta que el estado escaló 16 lugares en lo referente a la tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de cohecho

Comentarios