El presidente municipal de Tulancingo Fernando Pérez Rodríguez hizo lo que deberían hacer todos los alcaldes por donde pasará el gasoducto Tula-Tuxpan: ver por el interés de sus gobernados. En entrevista con este diario, el edil de extracción priista expresó que no permitirán que una línea del gasoducto pase por donde hay resumideros (terreno poroso que permite la absorción del agua pluvial) y mantos acuíferos, pues son espacios vitales para que el agua potable llegue a los habitantes del municipio. Dijo que previo al arranque de la obra se hará público un estudio del Servicio Geológico Mexicano, cuya conclusión deberá cumplir la empresa constructora, pues de lo contrario “la alcaldía detendría la obra”, advirtió Pérez Rodríguez. El alcalde también dijo que modificar la ruta por donde pasará el gasoducto no implica mayor problema, pues son pocos kilómetros en la colonia Rojo Gómez, lo que no afectaría los núcleos urbanos. Esto que hace el presidente municipal Pérez Rodríguez debería ser una regla para sus homólogos cuyas demarcaciones están en la ruta del gasoducto. Su deber es velar por los intereses de sus gobernados y más cuando se trata de proyectos de esa naturaleza, pues es difícil que un individuo enfrente a una empresa trasnacional como TransCanada, que tiene todo un equipo de expertos que le permiten sortear cualquier dificultad, incluyendo, por supuesto, la que tiene que ver con la necesidad de obtener en servidumbre las tierras por donde construirán la infraestructura para la Comisión Federal de Electricidad, y que además tiene al gobierno federal de su lado. Veremos, en próximos días, de qué manera influyó la participación de Pérez Rodríguez en este caso, sobre todo cuando está en juego el acceso al agua potable, derecho que no puede estar por debajo de la construcción de un gasoducto. De filón. Y ya que hablamos de cómo los alcaldes ven por el bien de sus gobernados, es difícil entender una decisión como la que tomó la alcaldía de Pachuca al permitir que vendedores ambulantes se instalen en el primer cuadro de la ciudad este 14 de febrero, fecha que prometía un respiro para comerciantes establecidos. ¿No debería proteger el ayuntamiento –por cierto panista– a los comerciantes que pagan impuestos y que acatan las reglas que establece el Estado mexicano?

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